Denuncian eventual difusión de material sexual de funcionarios municipales en Curicó
Una denuncia ante el Ministerio Público mantiene en investigación a la Municipalidad de Curicó, luego de que surgieran acusaciones por el eventual almacenamiento y difusión de material de carácter sexual relacionado con funcionarios.
De acuerdo con los antecedentes entregados por el municipio, personal de soporte técnico habría obtenido registros que funcionarios municipales mantenían o habían registrado en un teléfono institucional.
Posteriormente, ese material habría circulado ente terceros, situación que ahora busca esclarecer la Fiscalía, informó 24 Horas.
La casa edilicia confirmó que tomó medidas para determinar cómo ocurrieron los hechos, establecer eventuales responsabilidades y proteger a las personas involucradas. La investigación también apunta a determinar si los hechos configuran delitos vinculados con la obtención y difusión de registros íntimos.
El caso llegó hasta el concejo municipal, donde la concejala Pilar Contardo pidió un informe técnico respecto de las medidas adoptadas por la administración. La edil sostuvo que la situación reviste una gravedad que va más allá del ámbito administrativo.
“Hacer mal uso del aparato es una falta administrativa, pero almacenar material y eventualmente difundirlo es un delito”, afirmó Contardo.
Además, la concejala planteó la necesidad de revisar los protocolos de ciberseguridad del municipio, con el objetivo de reforzar la protección de información confidencial y evitar situaciones similares.
En tanto, Ivette Cheyre solicitó certezas sobre el resguardo de las evidencias relacionadas con la denuncia. La concejala también destacó la importancia de implementar capacitaciones para los funcionarios sobre el correcto uso de dispositivos telefónicos institucionales.
Desde la Municipalidad de Curicó condenaron cualquier conducta que pueda vulnerar la dignidad de sus trabajadores. Asimismo, señalaron que mantendrán bajo estricta reserva los antecedentes del sumario, con el propósito de garantizar el debido proceso mientras avanzan las indagatorias.
