En los últimos años, varios delitos llamados “de cuello y corbata” han indignado a los chilenos.
Caso lencería, caso audios, caso fundaciones, caso Penta, y el fraude al fisco de Cathy Barriga fueron algunos de los que más causaron ruido en la población.
Sin embargo, la sensación general sobre ellos es que no hay un castigo acorde al tipo de delito, como son los cometidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, o que afecten el patrimonio del Fisco.
De hecho, Chile descendió dos puestos en el ranking de Transparencia Internacional por la pérdida de credibilidad de los ciudadanos en las instituciones, principalmente por la baja acción punitiva de la Fiscalía al perseguir este tipo de ilícitos.
En la última década, ingresaron más de 3000 causas de este tipo a la Fiscalía, pero muy pocas se investigan.
El exfiscal Carlos Gajardo indicó a CHV Noticias que “uno puede observar un mayor hastío de la sociedad, con una sensación de que los casos no terminan siendo sancionados adecuadamente”.
“Es una mala cifra, que en casos de corrupción, 7 de cada 10 terminen con salidas jurídicas de menor calidad, como son archivo, decisión de no perseverar o la facultad de no inicio, es una mala noticia”, agregó.
El Informe del Observatorio judicial, donde cifran los ingresos de estos delitos al Ministerio Público en los últimos 20 años, evidenció cuántos son investigados y cuántos terminan en condena.
De las causas que llegaron al centro de justicia, solo un 11% terminaron en una sentencia condenatoria. Además, el 44% de ellas terminó en archivo provisional.