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La Contraloría General de la República emite un instructivo (IN14/2026) que establece normas estrictas para los ministros del gobierno de José Antonio Kast, enfatizando la probidad, transparencia y legalidad en sus funciones. Se destaca la necesidad de evitar conflictos de interés, con multas por incumplimiento y la posibilidad de destitución en caso de omisión. Además, se requiere la presentación y actualización anual de declaraciones de patrimonio e intereses, así como la regulación del lobby y la prohibición de influir en procesos electorales. La Contraloría supervisará el cumplimiento de estas disposiciones, marcando una clara vigilancia sobre las autoridades.
La Contraloría General de la República volvió a poner el foco en el actuar de las autoridades, esta vez con un instructivo que fija reglas claras para los ministros del gobierno liderado por José Antonio Kast.
Se trata del documento IN14/2026, fechado el pasado 27 de marzo, donde el organismo encabezado por Dorothy Pérez refuerza exigencias en torno a la probidad, transparencia y legalidad en el ejercicio de sus funciones.
De acuerdo a BioBioChile, según detalla el texto, no se trata de una simple sugerencia, sino de una advertencia formal. Desde su apertura, el instructivo recalca que “los Ministros de Estado (…) están sometidos al estricto cumplimiento de los principios de legalidad y probidad administrativa”, recordando además su rol como “colaboradores directos e inmediatos del Presidente de la República”.
Uno de los puntos clave aborda los conflictos de interés, donde la Contraloría es enfática: no solo los conflictos reales son problemáticos, sino también los potenciales.
“La jurisprudencia administrativa ha concluido que el principio de probidad tiene por objeto impedir que las personas (…) puedan ser afectadas por un conflicto de intereses (…) aun cuando aquel sea solo potencial”, indica el documento. En ese sentido, se refuerza el deber de abstención ante cualquier situación que pueda restar imparcialidad, incluyendo vínculos familiares, relaciones previas o incluso “amistad íntima o enemistad manifiesta”.
Contraloría hace énfasis en declaración de patrimonio e intereses económicos
El instructivo también pone especial atención en las declaraciones de patrimonio. Los ministros deberán presentar su Declaración de Intereses y Patrimonio dentro de 30 días desde que asumen y actualizarla anualmente. El incumplimiento puede costar caro: “Al declarante infractor se le aplicará una multa… de cinco a cincuenta unidades tributarias mensuales”. Y si la omisión se prolonga más de cuatro meses, la sanción escala: “se considerará falta grave a la probidad y dará lugar a la destitución”.
En cuanto a los intereses económicos, se establecen medidas concretas para evitar conflictos. Los ministros deberán delegar la administración de sus activos o desprenderse de ellos si están vinculados a su área de decisión. “El referido contrato de mandato constituye una solución… para evitar cualquier conflicto de intereses, incluso potencial”, precisa el texto.
Otro aspecto relevante es la regulación del lobby. Cada ministerio deberá mantener un registro público con audiencias, reuniones, viajes y donativos. La omisión o falsedad en estos datos podría derivar en sanciones.
Finalmente, el documento fija una línea clara en materia política: las autoridades no pueden utilizar su cargo para influir en procesos electorales ni participar en actividades contingentes. “No pueden realizar actividades ajenas al mismo, como son las de carácter político contingente…”, advierte la Contraloría.
El instructivo cierra con una advertencia directa: “Se instruye a los Ministros de Estado dar estricto y cabal cumplimiento (…) lo que será debidamente fiscalizado por esta Entidad de Control”. Una clara señal de que la lupa estará puesta sobre cada decisión.