Contraloría informó que 485 funcionarios de la Administración Central permanecieron suspendidos preventivamente mientras enfrentaban sumarios administrativos, algunos de ellos durante más de cuatro años y manteniendo el pago de sus sueldos.
Así lo reveló el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°25 de la Contraloría General de la República (CGR), que analizó casos registrados entre 2020 y marzo de 2026. La revisión no incluyó a las municipalidades.
Entre los antecedentes que llamaron la atención, 30 funcionarios acumularon más de tres años suspendidos. De ellos, 13 superaron los cuatro años, mientras otros 17 permanecieron apartados de sus funciones entre tres y cuatro años.
El caso más prolongado correspondió a un trabajador del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Mejor Niñez, quien acumuló cerca de cuatro años y siete meses en esa condición.
Luego apareció un funcionario del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santiago Centro, con cuatro años y seis meses, y otro del SLEP Atacama, con cuatro años y dos meses, según reportó BioBioChile.
Contraloría asumirá 30 sumarios de funcionarios
El estatuto administrativo permite aplicar una suspensión preventiva durante una investigación disciplinaria. Sin embargo, cuando el procedimiento se prolonga, la autoridad debe revisar su avance, adoptar medidas para acelerarlo y analizar posibles responsabilidades por las demoras.
Tras conocer estos antecedentes, Contraloría determinó que los organismos involucrados dejarán de tramitar los 30 sumarios que acumularon suspensiones superiores a tres años.
La propia CGR continuará con esos procesos y revisará si existieron responsabilidades de las autoridades que ordenaron las investigaciones y no fiscalizaron oportunamente su desarrollo.
Además, los organismos que tengan funcionarios suspendidos por más de un año tendrán 15 días hábiles para informar el término de los sumarios, justificar la continuidad de la medida o detallar acciones concretas destinadas a acelerar su cierre.
También deberán iniciar procedimientos disciplinarios para establecer posibles responsabilidades por las demoras detectadas.
Funcionarios trabajaron, viajaron y asistieron a casinos
El CIC también identificó otras situaciones durante los períodos de suspensión. Según información entregada por el Servicio de Impuestos Internos (SII), 22 funcionarios realizaron otras actividades remuneradas mientras permanecían apartados de sus cargos.
Contraloría detectó, además, dos casos de personas suspendidas que cumplían prisión preventiva. En otro episodio, el fiscal que había decretado una suspensión también se encontraba bajo esa misma medida cautelar.
A esto se sumaron 20 funcionarios cuyos sumarios quedaron en manos de fiscales que ya no trabajaban en los respectivos servicios.
El análisis también encontró decenas de casos de personas suspendidas que viajaron al extranjero o concurrieron a casinos de juego durante ese período.
Solo considerando los diez casos con suspensiones más extensas, el Estado desembolsó $671 millones en remuneraciones.
CGR fijó nuevas instrucciones
Luego de la revisión, Contraloría emitió el Instructivo N°29, con fecha 16 de septiembre de 2026, que recordó las reglas para aplicar este tipo de medidas.
El organismo precisó que, por regla general, una suspensión preventiva no implica la pérdida de remuneraciones y solo debe mantenerse durante el período necesario para proteger el desarrollo de la investigación.
Asimismo, la CGR recalcó que la etapa investigativa de un sumario no debe superar los 60 días hábiles que establece la normativa.
Por ello, instruyó a los fiscales a revisar periódicamente si resulta necesario mantener al funcionario suspendido y levantar la medida cuando ya no exista un riesgo para la investigación.
Finalmente, Contraloría advirtió que extender una suspensión más allá de plazos razonables puede transformarla en una medida arbitraria, afectar los principios de eficiencia y celeridad administrativa y generar responsabilidades.