La Contraloría General de la República (CGR) encendió una nueva alerta por el uso de licencias médicas por parte de funcionarios públicos en organismos del Estado con presencia regional.

Según el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°16, otros 10.805 funcionarios salieron del país durante todo o parte de su periodo de reposo. Esta cifra se suma a los 25.078 casos informados el 20 de mayo, vinculados a servicios de alcance nacional, para un total de 35.883 trabajadores observados, informó La Tercera.

El reporte—comprometido por la contralora general, Dorothy Pérez, en junio ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados—advierte que esta conducta podría implicar el uso irregular de 15.257 licencias médicas emitidas entre 2023 y 2024.

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Del total, 76% corresponde a Fonasa y 24% a Isapres. Además, los titulares de esas licencias entraron o salieron del país en 26.606 oportunidades: 67 funcionarios registran entre 16 y 30 movimientos fronterizos, mientras 30 superan las 30 entradas y/o salidas. En ambos años, los viajes se concentraron en el último trimestre (octubre-diciembre).

Los funcionarios públicos que viajaron con licencias médicas

Respecto de los servicios a los que pertenecen los funcionarios que habrían incumplido el reposo, el informe identifica 442 entidades públicas regionales. La distribución es la siguiente: 67% en servicios de salud y hospitales, 15% en Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), 11% en municipalidades, corporaciones y direcciones municipales, 4% en establecimientos educacionales y 3% en otros servicios.

Entre los organismos con mayor volumen de licencias observadas figuran el Servicio de Salud Magallanes (1.258), el SLEP Chinchorro (1.065), el Servicio de Salud del Reloncaví (780), el Servicio de Salud Viña del Mar–Quillota (692), la Dirección del Servicio de Salud Aysén (553) y la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta (517).

Tras el informe, la Contraloría notificará a las instituciones involucradas para que inicien los procedimientos disciplinarios de rigor y remitan sus resoluciones a través del Sistema de Inspección de Acciones Derivadas (SIAD) en un plazo de cinco días hábiles.

Paralelamente, la información será derivada a los organismos competentes para eventuales acciones administrativas, civiles o penales: la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado (CDE).


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