Contraloría detecta “débil control” en procesos de Tía Rica por empeño de especies robadas
La Contraloría General de la República encendió las alertas en torno al funcionamiento de la Dirección General de Crédito Prendario (Dicrep), más conocida como la “Tía Rica”, tras detectar graves falencias en el control de sus operaciones durante los años 2023 y 2024.
De acuerdo con el organismo fiscalizador, personas con antecedentes penales lograron empeñar bienes por más de $1.500 millones, sin que se verificara el origen de las especies entregadas en prenda.
El informe da cuenta de un “débil control” en los procesos del servicio, el que históricamente se ha caracterizado por no discriminar mayormente a quienes acuden a empeñar joyas, relojes, electrodomésticos u otros artículos.
Para acceder a los préstamos, la Dicrep solo exige ser mayor de 18 años y presentar la cédula de identidad, requisito que hoy aparece como uno de los principales puntos críticos detectados por la auditoría, informó BioBioChile.
Los hallazgos de Contraloría en fiscalización a Tía Rica
Según detalló la Contraloría, durante el período analizado se constató que personas con antecedentes penales no solo realizaron operaciones de empeño, sino que además hubo usuarios que recurrieron al servicio de manera reiterada, llegando incluso a realizar hasta 230 empeños en un solo año.
Esta situación abrió la sospecha de que la entidad podría estar recibiendo objetos de dudosa procedencia.
El análisis se centró en los créditos con garantía prendaria otorgados por la unidad de crédito Casa Matriz – Sucursal San Pablo de la Dicrep, abarcando su administración, custodia, liquidación, renovación y el pago de excedentes por remates de pólizas vencidas. En ese contexto, el informe precisó que en 2023 se registraron 4.769 usuarios con transacciones recurrentes, es decir, entre 10 y 229 operaciones por persona, por un monto total de $7.139 millones.
En tanto, durante 2024 la cifra aumentó a 4.895 usuarios, con operaciones que alcanzaron los $7.290 millones y una frecuencia que llegó hasta los 230 empeños por persona.
Uno de los puntos más delicados del informe apunta a que “1.681 personas con antecedentes penales realizaron operaciones por $1.507 millones y no recuperaron las especies empeñadas”. Sobre ese punto, la Contraloría fue enfática al señalar que, pese a estos antecedentes, “el servicio no presentó denuncias ni entregó antecedentes a las autoridades competentes”.
Falta de control y coordinación
La auditoría también evidenció la “ausencia de procedimientos básicos para verificar datos personales, la procedencia lícita de los bienes y la identidad de los usuarios”. A ello se suma que la Dicrep no cuenta con un sistema de alertas para detectar operaciones reiteradas, ni mantiene coordinación con organismos policiales, aun cuando las especies empeñadas incluyen información relevante para investigaciones, como números de serie, modelos y estado de los objetos.
Frente a este escenario, la Contraloría anunció que instruirá un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas y que remitió los antecedentes al Ministerio Público. Asimismo, ordenó a la Dicrep fortalecer sus controles internos, medidas que serán evaluadas en un próximo seguimiento por parte del ente fiscalizador.
