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La CGR alertó sobre mal uso de fondos públicos durante el megaincendio en Valparaíso en febrero de 2024. Hallazgos incluyen pagos no justificados, gastos indebidos y falta de control en la entrega de ayudas. Se ordenaron sumarios administrativos y la remisión de antecedentes al Ministerio Público y al CDE. Irregularidades destacadas incluyen pagos sin respaldo en la Delegación Presidencial, extravío de donaciones en Quilpué, falta de trazabilidad en Viña del Mar y pagos indebidos en demoliciones del MOP. Medidas disciplinarias y correctivas fueron instruidas por la Contraloría.
La Contraloría General de la República (CGR) encendió las alertas por el uso de fondos públicos destinados a enfrentar la emergencia del megaincendio que golpeó a la región de Valparaíso en febrero de 2024.
Según detalló el organismo fiscalizador, los hallazgos se desprenden de cinco informes de auditoría que revisaron la gestión de la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, las municipalidades de Viña del Mar y Quilpué, además de la Dirección Regional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas (MOP), informó BioBioChile.
En términos generales, Contraloría detectó una serie de situaciones preocupantes: pagos no acreditados, gastos improcedentes, eventuales sobreprecios, deficiencias en procesos de compra y falta de control en la entrega de ayudas a damnificados. Por lo mismo, se ordenaron sumarios administrativos y se remitieron antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE), con el fin de determinar posibles responsabilidades.
Delegación Presidencial: pagos sin respaldo suficiente
Uno de los puntos más relevantes aparece en el Informe N°528 de 2025, donde la CGR constató que la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso realizó pagos que superan los $586 millones sin contar con respaldo suficiente, en el marco de adquisiciones durante la emergencia.
Además, la auditoría advirtió posibles sobreprecios y el uso injustificado del trato directo en contrataciones, motivo por el cual se enviaron antecedentes a organismos persecutores para que se investigue si hubo irregularidades con responsabilidad administrativa o penal.
Quilpué: extravío de donaciones
En el caso de la Municipalidad de Quilpué, el Informe N°535 de 2025 evidenció gastos improcedentes, incluyendo la compra de cocinillas sin certificación de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).
A eso se sumó el extravío de bienes donados y deficiencias en la entrega de ayudas a familias damnificadas. También se detectaron falencias en la gestión de personal y proyectos asociados a la emergencia, por lo que Contraloría instruyó procesos disciplinarios y medidas correctivas.
Viña del Mar: falta de trazabilidad en ayudas y rendiciones débiles
En Viña del Mar, el Informe N°503 de 2025 apuntó a irregularidades en la administración de ingresos, gastos, donaciones y beneficios entregados a afectados entre febrero de 2024 y abril de 2025.
La CGR advirtió falta de trazabilidad en la entrega de ayudas, debilidades en la rendición de recursos y posibles incumplimientos a la normativa de compras públicas. Por ello, ordenó un sumario administrativo y la regularización de los procesos observados.
MOP: pagos por demoliciones no ejecutadas o parciales
Finalmente, en la Dirección Regional de Arquitectura del MOP, el Informe Final N°805 de 2025 estableció pagos indebidos por más de $434 millones vinculados a demoliciones que no se ejecutaron o se realizaron solo parcialmente.
En paralelo, el Informe Final N°500 de 2025 detectó pagos no acreditados por más de $782 millones en trabajos de demolición en el sector El Olivar, además de irregularidades en adjudicaciones, posibles sobreprecios y falta de respaldo documental. Ante esto, Contraloría instruyó un sumario administrativo y solicitó información relacionada con una investigación previa de la Fiscalía Nacional del MOP.