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La Contraloría General de la República reveló graves irregularidades en el Censo 2024 del INE, incluyendo la contratación de censistas con antecedentes penales y extranjeros sin autorización laboral. Se encontró que 16 censistas tenían antecedentes por delitos graves y 14 extranjeros carecían de residencia vigente. Además, se señaló un posible conflicto de interés en una millonaria licitación. La Contraloría remitió los antecedentes al Ministerio Público y formuló reparos por $49,4 millones. Se detectaron pagos indebidos por $166,4 millones y falta de control en contratos y servicios. Se ordenó abrir procedimientos disciplinarios y remitir los casos al Ministerio Público para investigaciones penales.
Impacto generó los antecedentes revelados por la Contraloría General de la República, la cual identificó diversas anomalías en el Censo 2024, ejecutado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), dependiente del Ministerio de Economía.
Entre las principales irregularidades se encuentra la contratación de censistas con antecedentes penales y extranjeros sin autorización para trabajar en Chile.
¿Qué dijo la Contraloría tras detectar irregularidades del Censo 2024?
Según el informe al que tuvo acceso la Unidad de Investigación de BioBioChile, se contrató a 16 personas con antecedentes por estafa, robo, hurto, lesiones y tráfico de drogas.
En seis de estos casos, los certificados presentados no reflejaban fielmente el historial, lo que evidencia que el INE no verificó la autenticidad de los documentos.
En tanto, en 10 casos adicionales no se logró demostrar que se hubiera solicitado el certificado de antecedentes antes de que fueran contratados.
El estudio también mencionó que 14 trabajadores extranjeros carecían de residencia definitiva o temporal vigente al 31 de diciembre de 2023.
De ellos, 5 habían tenido revocada su residencia, incluyendo una expulsión administrativa del país.
Uno de los hallazgos más delicados apunta a la participación de una exasesora del Censo en la comisión evaluadora de una licitación por $1.700 millones adjudicada a Dittborn y Unzueta S.A.
En ese contexto, se destapó que la profesional era representante legal de otra sociedad que poseía el 60% de la empresa beneficiaria.
Antecedentes claves del caso
La Contraloría detalló que esta situación podría configurar una vulneración a las normas sobre probidad y un eventual conflicto de interés regulado por la Ley N° 20.880.
Además, indicó que remitió los antecedentes al Ministerio Público para su evaluación.
Por su parte, se detectó que 581 censistas recibieron $166,4 millones sin que existieran registros oficiales de las visitas declaradas.
De manera paralela, el INE no aplicó multas por $131,9 millones a empresas contratadas que incumplieron requisitos de antecedentes penales, documentación migratoria y educación.
Junto a lo anterior, se identificaron también 77 contratos de arriendo de oficinas y locales censales sin resoluciones fundadas y cinco contratos extendidos hasta 11 meses, pese a que el operativo duró cinco meses.
Debido a esto, la Contraloría formuló reparos por $49,4 millones por estas irregularidades.
Sumado a esto, el organismo detectó pagos por $134,2 millones en servicios de transporte correspondientes al 1 de mayo de 2024, fecha en que no se realizaron labores censales.
Asimismo, no existen hojas de ruta ni evidencia que acrediten los trayectos, lo que motivó un reparo total sobre los recursos.
Cabe señalar que la Contraloría ordenó al INE abrir procedimientos disciplinarios en un plazo de 15 días para determinar responsabilidades administrativas derivadas de estas situaciones y remitir los antecedentes al Ministerio Público para eventuales investigaciones penales.