VER RESUMEN
La Comunidad de Fieles Ortodoxos respalda al padre Francisco Salvador y rechaza su reducción al estado laical tras 26 años de servicio en la Parroquia de la Santísima Virgen María, denunciando irregularidades en el proceso disciplinario. Critican la composición de la comisión investigadora, conflictos de interés y falta de transparencia. Además, señalan violaciones al principio de presunción de inocencia y limitaciones al derecho a defensa del sacerdote. La comunidad cuestiona pruebas indirectas, rechazo a peritajes informáticos y filtraciones a medios de comunicación. El Patriarcado de Antioquía envió un vicario para revisar el caso, mientras la comunidad busca imparcialidad y justicia en el procedimiento.
La Comunidad de Fieles Ortodoxos que respalda al padre Francisco Salvador manifestó públicamente su rechazo al procedimiento disciplinario que terminó con la reducción al estado laical del sacerdote.
Este ejerció labores pastorales y comunitarias durante más de 26 años en la Parroquia de la Santísima Virgen María.
A través de un extenso documento, los integrantes del grupo sostuvieron que el proceso presentó múltiples irregularidades. Esto, a su juicio, ponen en duda la transparencia, imparcialidad y legitimidad de la investigación.
¿Cuáles serían las irregularidades en el proceso contra el padre Francisco Salvador?
Según indicaron, esos antecedentes llegaron tanto a la parte acusadora como a los medios de comunicación, pero “sin ser tomados en cuenta hasta hoy”.
Entre los principales cuestionamientos, la comunidad aseguró que el Consejo Disciplinario Primario se constituyó apenas días antes del inicio del proceso contra el religioso. Lo anterior, pese a que los estatutos establecen que ese organismo debe existir de manera permanente.
Además, criticaron la composición de la comisión investigadora, ya que uno de sus integrantes llevaba menos de cinco años de ministerio y otro correspondía a un abogado perteneciente a una confesión protestante.
También denunciaron eventuales conflictos de interés por supuestos vínculos previos entre participantes del procedimiento y algunos denunciantes.
El documento también apuntó a que el padre Francisco Salvador recibió una suspensión el 15 de marzo de 2026 antes de conocer formalmente las acusaciones en su contra. Fue notificado tres días después.
Para la comunidad, esa situación vulneró el principio de presunción de inocencia y limitó el derecho a defensa del sacerdote.
Incluso afirmaron que la investigación cerró una primera etapa sin que él declarara en calidad de acusado y que durante buena parte del proceso desconoció la identidad de quienes lo denunciaban.
Otro de los aspectos cuestionados corresponde al acceso a los fundamentos jurídicos y canónicos.
Según la defensa, cuando solicitaron conocer las bases que sustentaban las acusaciones, recibieron un libro de aproximadamente 500 páginas escrito íntegramente en árabe.
A juicio de la comunidad, esa respuesta impidió comprender los argumentos utilizados y dificultó el trabajo de los abogados.
Asimismo, sostuvieron que gran parte de las imputaciones descansó sobre testimonios indirectos, comentarios de terceros y presunciones, sin denuncias civiles ni evidencia material concluyente.
Los fieles también acusaron que la comisión no otorgó el mismo valor a las pruebas presentadas por la defensa.
Entre ellas mencionaron más de 90 cartas de apoyo, conversaciones de WhatsApp protocolizadas ante notario, documentación sobre más de dos décadas de labor pastoral y diversos testimonios que, según afirmaron, contradicen las acusaciones.
En la misma línea, cuestionaron el rechazo a realizar peritajes informáticos independientes sobre dispositivos electrónicos que contenían supuestos mensajes utilizados como evidencia. Esto, pese a la exposición de un experto en ciberseguridad que explicó la posibilidad de alterar comunicaciones digitales.
Comunidad de Fieles Ortodoxo busca “imparcialidad, justicia y trasparencia”
La declaración también expresó inquietud por la participación efectiva del obispo encargado de resolver el caso.
Según expusieron, la autoridad eclesiástica permaneció hospitalizada durante una parte importante del procedimiento y luego fue trasladada a una residencia para adultos mayores debido a su delicado estado de salud.
Además, señalaron que el sacerdote solo logró reunirse una vez con él durante toda la investigación y que posteriores intentos de contacto no prosperaron.
A esto sumaron denuncias por reiteradas filtraciones de antecedentes reservados hacia distintos medios de comunicación. Esta situación, a su juicio, dañó la imagen del padre Francisco Salvador, su familia y la comunidad parroquial.
Finalmente, la comunidad destacó que las denuncias motivaron la intervención del Patriarcado de Antioquía y de todo Oriente. El organismo dispuso el envío de un vicario para revisar el procedimiento y las acusaciones formuladas.
En ese contexto, reiteraron que su objetivo “no busca privilegios ni excepciones, sino únicamente que el caso sea revisado conforme a los principios de justicia, imparcialidad, transparencia, presunción de inocencia y debido proceso”.