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Cathy Barriga se queda sin abogados privados: ahora será representada por defensores públicos

Cathy Barriga se queda sin abogados privados ahora será representada por defensores públicos
Agencia UNO

Tras la renuncia de su último abogado particular, la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, quedó sin defensa privada y será representada a partir de ahora por la Defensoría Penal Pública.

La Defensoría Penal Pública informó, a través de la red social X, que la exjefa comunal será defendida por el defensor local jefe de Maipú, Pablo Sanzana Fernández, y el jefe de estudios regional (s) Metropolitano Sur, Eduardo Camus Cruz.

“La Defensoría Regional Metropolitana Sur informó al Noveno Juzgado de Garantía de Santiago la designación del Defensor Local Jefe de Maipú, Pablo Sanzana Fernández, y del Jefe de Estudios Regional (s) Metropolitano Sur, Eduardo Camus Cruz, para representar a la señora Cathy Barriga Guerra en la causa que se lleva en su contra”, señalaron.

Defensoría Pública representará a Cathy Barriga

Esto, en medio del proceso judicial que enfrenta por los delitos de fraude al Fisco y malversación de caudales públicos, los que habrían generado un déficit superior a los $30 mil millones en el municipio.

Cabe recordar que hace solo una semana se conoció la renuncia de su abogado Cristóbal Bonacic, profesional que desde un inicio representó a la exalcaldesa.

Eso sí, si bien no se han dado a conocer las razones de su salida, el profesional continuaría a cargo de la defensa del esposo de Barriga, el exdiputado Joaquín Lavín León, quien también enfrenta un proceso por presuntos delitos de corrupción.

De esta forma, el cambio en la defensa se produce en un momento clave del proceso penal.

Y es que actualmente, la causa se encuentra en la etapa previa al juicio oral, con las partes preparando sus pruebas para la audiencia de preparación, fijada para el próximo 4 de agosto.

No obstante, la reciente designación de nuevos defensores podría incidir en los plazos del proceso, en el cual la Fiscalía Metropolitana Oriente busca penas que superarían los 20 años de cárcel efectiva en su contra.