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Un detective de la PDI fue interrumpido en el Estadio Nacional para investigar la posible drogación del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, durante una noche de septiembre. La misión consistía en reconstruir los movimientos de Monsalve y verificar si terceras personas estuvieron involucradas. El detective utilizó tácticas de inteligencia, como revisar cámaras de seguridad en restaurantes y verificar el estado de la mujer que lo acompañaba. Después de un curioso intento de entrega de comida, logró confirmar que la mujer estaba bien. Sin embargo, imágenes relevantes se habían borrado y algunas piezas importantes se extraviaron, generando controversia en la investigación.
El revelador testimonio de un funcionario de la PDI permitió revelar el falso delivery que ideó para ubicar a la denunciante del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve.
Una orden inesperada interrumpió el 10 de octubre de 2024 la jornada de J., como llamó BioBioChile para efectos de esta nota al detective.
El funcionario se encontraba en el Estadio Nacional viendo el partido entre Chile y Brasil cuando recibió el llamado de su superior directo.
La instrucción era urgente: debía abandonar el recinto y dirigirse a una reunión con Cristina Vilches, quien entonces encabezaba la jefatura nacional de Inteligencia de la policía civil.
El objetivo que le encargaron al funcionario de la PDI en caso de Manuel Monsalve
Al llegar a las cercanías del Cuartel General de la PDI, J. conoció el objetivo de la misión. La institución necesitaba reconstruir qué había ocurrido con el entonces subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, durante la noche del 22 de septiembre de ese año.
El médico socialista había señalado que posiblemente lo habían drogado, debido a que no recordaba parte de lo ocurrido.
“Se nos dijo que se necesitaba un grupo operativo porque había que realizar un trabajo”, declaró posteriormente el detective ante la Fiscalía.
Según su testimonio, la instrucción consistía en averiguar los movimientos de Monsalve “a través de operaciones de inteligencia” y “sin hacer formalmente entrevistas a personas”.
Entre los objetivos había que establecer qué había hecho el entonces subsecretario durante el período que aseguró encontrarse bajo los efectos de una sustancia, además de determinar si terceras personas habían participado. Eso, junto con verificar el estado de la mujer que lo acompañaba.
J. llevaba varios años en la PDI y desde 2018 integraba la Brigada de Contrainteligencia, una unidad especializada en detectar y neutralizar amenazas contra la institución y la seguridad nacional.
Durante sus primeras diligencias, revisó cámaras de seguridad que pudieran ayudar a establecer la trayectoria de Monsalve.
Entre ellas consideró las del restaurante Ají Seco Místico, donde el entonces subsecretario había cenado antes de los hechos que posteriormente originaron una denuncia por violación y abuso sexual.
Al día siguiente, J. llegó hasta el restaurante junto a una colega, pero no consiguió acceder a las imágenes que buscaba. Luego se trasladaron hasta un edificio del centro de Santiago donde residía la funcionaria que acompañó a Monsalve aquella noche.
La ideal del falso delivery
Como parte de la misión también debían comprobar que ella se encontrara bien, el detective descartó ingresar a las cámaras del recinto.
“Consideré que era una actividad muy invasiva”, explicó durante su declaración de enero de 2025.
Fue entonces cuando surgió la idea del falso delivery. J. decidió enviar un sándwich hasta el edificio, utilizando únicamente el número del departamento y sin identificar al destinatario.
Un compañero se encargó de realizar la entrega, pero rápidamente descubrieron que se habían equivocado de persona. Según el detective, existían otras mujeres con el mismo nombre en el inmueble.
Tras recabar nuevos antecedentes en el hall, su colega consiguió identificar el departamento correcto y realizaron un segundo pedido, esta vez desde el restaurante Guido.
El supuesto repartidor logró contactar al departamento mediante el citófono. Finalmente, el padre de la funcionaria bajó a buscar el sándwich y subió nuevamente con él.
Con esa diligencia, J. pudo informar a su superior que habían encontrado a la mujer y que se encontraba bien junto a su padre. Después, regresaron al Ají Seco Místico, donde hablaron con el administrador y revisaron el sistema de cámaras.
Sin embargo, las imágenes correspondientes al 22 de septiembre ya habían desaparecido, porque el sistema sobrescribía los registros después de poco más de una semana.
La investigación también incluyó cámaras ubicadas en las inmediaciones del Cuartel General de la PDI. J. explicó que una de ellas tenía un ángulo limitado y solo permitía observar vehículos y parcialmente a los peatones.
Además, tuvo problemas para guardar el material en un disco duro, por lo que utilizó un pendrive.
Meses después, esas imágenes quedaron en el centro de la controversia, luego de que un informe de la PDI estableciera que algunas piezas obtenidas el 11 de octubre, tres días antes de la denuncia contra Monsalve, se habían extraviado.
J. sostuvo que las eliminó porque no las consideró relevantes para inteligencia, aunque posteriormente logró recuperar el material y entregó el pendrive a la investigación.
“Por ello, en este acto hago entrega del pendrive mencionado, el cual contiene las imágenes del Cuartel General, del día 22 de septiembre pasado […] Es cuanto puedo aportar y declarar”, concluyó.
Manuel Monsalve enfrenta actualmente dos causas abiertas: una por violación, a cargo del fiscal regional Centro Norte, Francisco Jacir. Y otra por un eventual mal uso de gastos reservados, liderada por la persecutora Macarena Cañas.
Según fuentes conocedoras de las pesquisas, esta última indagatoria no registra mayores avances. Esto, pese a que la Brigada de Delitos Económicos de la PDI entregó entre fines de 2025 y comienzos de 2026 un informe que acreditaría un posible uso irregular de los recursos que Monsalve recibió por razón de su cargo.
En paralelo, la Fiscalía descartó la arista relacionada con posibles infracciones a la Ley de Inteligencia, al considerar que no se cumplirían los requisitos legales para configurar un delito.