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Una mujer con residencia argentina fue confirmada como Bernarda Rosalba Vera Contardo, detenida desaparecida durante la dictadura de Pinochet. El ministro Álvaro Mesa Latorre confirmó el resultado genético gracias al Banco Genético de Familiares de Detenidos y Ejecutados Políticos del SML. Vera, profesora y militante del MIR y Movimiento Campesino Revolucionario, desapareció a los 27 años en 1973, siendo considerada víctima de desaparición forzada. Su caso fue incluido en informes oficiales y registros de derechos humanos, tras más de 50 años de búsqueda sin respuestas.
Tras una larga espera, un examen de ADN confirmó que una mujer con actual residencia argentina corresponda a una detenida desaparecida durante la dictudura de Augusto Pinochet.
Se trata de Bernarda Rosalba Vera Contardo, quien hace más de 50 años que figura en el listado oficial de detenidos desaparecidos, hasta hoy que se confirmó su aparición.
Mujer que reside en Argentina fue confirmada como Bernarda Vera
Gracias al ministro Álvaro Mesa Latorre, quien se reunió con los familiares, fue el encargado de confirmar el resultado genético.
Todo esto se logró debido al Banco Genético de Familiares de Detenidos y Ejecutados Políticos del Servicio Médico Legal (SML).
Se desempeñaba como profesora de educación básica en Neltume y militaba tanto en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) como en el Movimiento Campesino Revolucionario.
Durante más de cinco décadas, se consideró una de las personas víctimas de desaparición forzada ocurridas durante la dictadura, a sus 27 años.
Su caso se incluyó en el Informe Rettig y en la nómina oficial de detenidos desaparecidos, donde se estableció que la arrestaron el 10 de octubre de 1973 en el sector de Trafún y que, posteriormente, la ejecutaron junto a otros prisioneros en el puente sobre el río Toltén.
Asimismo, su nombre forma parte de los registros del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, institución que la identifica como una de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante ese período.
A lo largo de más de 50 años, sus familiares intentaron conocer su paradero sin obtener respuestas, mientras que el Estado chileno la reconoció oficialmente como víctima de graves vulneraciones a los derechos humanos.