Aumentan los abusadores identificados: 10 de 43 quedaron libres por orden de la Corte Suprema
Erwin Gallardo Aburto, de 64 años, cumplía una pena de 5 años y un día por abuso sexual reiterado de un menor de 14 años. El gobierno anterior le negó una rebaja de condena, pero la justicia le dio la razón y el ministro de Justicia, Fernando Rabat, firmó su decreto el 13 de marzo, dos días después de asumir el cargo.
Su caso de este abusador es uno de los diez nuevos que identificó la Unidad de Investigación de BioBioChile, que eleva a 43 los condenados por delitos sexuales contra menores que obtuvieron rebajas administrativas durante el gobierno de José Antonio Kast. Los otros 33 se conocieron la semana pasada.
La diferencia es clave. En aquellos 33, según el reportaje, el Ministerio de Justicia actuó por decisión propia, porque los tribunales solo habían pedido revisar aspectos formales. En estos diez, en cambio, la cartera estaba obligada por orden de la Corte Suprema, y los reos quedaron libres de inmediato, afirman fuentes consultadas por el medio.
Fallos que dependen de quién integra la sala
La rebaja de condena por conducta sobresaliente existe desde 2003, cuando el gobierno de Ricardo Lagos creó el sistema. En 2022, el presidente Sebastián Piñera lo modificó para excluir a quienes hubieran cometido delitos sexuales contra niños y adolescentes.
El punto en disputa es si esa prohibición alcanza a quienes cometieron los delitos antes de 2022. Según la investigación, la Suprema no tiene un criterio asentado, y sus resoluciones cambian según cómo esté compuesta su Segunda Sala, la especializada en materia penal, o según cambien de opinión sus integrantes.
El caso de la ministra María Cristina Gajardo lo ilustra. Votó en contra de conceder el beneficio y argumentó que antes estaba a favor, pero que cambió de postura tras analizar de nuevo el tema. El análisis del medio indica, además, que dos ministros del máximo tribunal votaron de forma sistemática a favor de los condenados.
Abusadores identificados
Los casos siguen un patrón parecido. Jhonatan Lefihuala, de 39 años, condenado por abusar de menores, ganó primero en la Corte de Valdivia y luego en la Suprema, con la misma votación que Gallardo. Rabat firmó una reducción de tres meses.
Jorge Ortiz Valles, condenado por abuso sexual y violación, obtuvo un fallo unánime en Puerto Montt, confirmado por la Suprema. Su rebaja fue de seis meses. Otro condenado, Juan Carlos Aros, había recurrido a la Corte de Apelaciones de Santiago pese a la oposición del entonces subsecretario de Justicia, quien sostuvo que el beneficio era facultad del ministerio.
También hay revocaciones llamativas. Enrique Benites, condenado a 10 años y un día por violaciones reiteradas, vio rechazada su petición en Santiago, donde los jueces hablaron del deber del Estado de proteger a los niños. La Suprema lo revirtió y su condena bajó 15 meses.
En Talca, la Corte falló en sentidos opuestos según su composición. Rechazó el beneficio para Salvador Bravo, por considerarlo una expectativa y no un derecho, pero la Suprema lo revocó y se le rebajaron 11 meses. A Rodrigo Castro y Marcelo Benítez, ambos condenados por violación, les corresponderon rebajas de 24 y 27 meses. Manuel Marín, condenado por violación y producción de material pornográfico infantil, obtuvo 23 meses, y Jaime Maturana, condenado por violación, también ganó en la Suprema pese a que Santiago había respaldado a Rabat.
Riesgo de reincidencia y víctimas sin aviso
Que un interno tenga conducta sobresaliente no implica bajo riesgo de volver a delinquir. Según antecedentes de Gendarmería incorporados a los procesos, al menos dos de los diez beneficiados tenían riesgo “medio” de reincidencia, y en uno se menciona la posibilidad de un nuevo ataque sexual.
En abril de 2024, la Comisión de Libertad Condicional rechazó por unanimidad la solicitud de Castro, por ese riesgo y por avances insuficientes en su intervención. En el caso de Benítez, un informe de Gendarmería de marzo de 2025 señaló que su riesgo específico en delitos sexuales había bajado de “alto” a “medio”. Sin embargo, persistían problemas de conciencia del delito, pues solo asumía responsabilidad por el abuso sexual y decía que la violación “nunca ocurrió”.
El organismo recomendó vigilancia social y evitar que en su trabajo tuviera fácil acceso a menores. Pese a eso, la comisión rechazó su libertad condicional el 10 de abril de 2025, decisión respaldada por la Corte de Talca y la Suprema. Aun así, obtuvo la rebaja de condena por otra vía.
Otro punto delicado es que la ley no obliga a informar a las víctimas ni a sus familias. La libertad condicional sí exige notificarlas e incluso escuchar su postura, pero la rebaja por conducta sobresaliente no. Fuentes consultadas por el medio dicen que eso deja a las víctimas “a ciegas”. Rabat reconoció públicamente esa falta de notificación.
Quedan 13 de los 56 condenados por identificar. BioBioChile pidió la lista completa al gobierno y, hasta el cierre del reportaje, no la recibió. Según fuentes del medio, el ministerio ni siquiera tiene información consolidada sobre quiénes salieron, por qué delitos ni quién ordenó la rebaja.
