Arresto domiciliario total y arraigo nacional para los imputados del homicidio de Cristóbal Miranda
La Corte de Apelaciones de Concepción confirmó la resolución que los imputados por el homicidio de Cristóbal Miranda quedarán con arresto domiciliario total y arraigo nacional.
Esto, tras rechazar la apelación del Ministerio Público solicitando prisión preventiva para Benjamín Ignacio Folch Friedl, Agustín Luciano Pezo Aguilera, León Agustín Flores Basáez y Frank Hengst Salas.
Corte confirmó medidas cautelares a homicidas de Cristóbal Miranda
Se les imputó por coautores del delito consumado de homicidio calificado de Cristóbal Miranda, joven que falleció tras la brutal golpiza en la noche de año nuevo en Talcahuano, región del Bío Bío.
“Conforme a los antecedentes expuestos en audiencia, se encuentra suficientemente justificada, en esta etapa procesal, la existencia del delito investigado“, menciona la resolución.
“En efecto, las declaraciones de los testigos dan cuenta de una agresión grupal en que la víctima, tras recibir un primer golpe, cae al suelo. Inmediatamente es golpeada con puños y pies, principalmente en la cabeza, mientras se encontraba en estado de indefensión”, detalla.
En ese sentido, también indica que “se ven corroborados por el informe del Servicio Médico Legal de Concepción, el cual concluye que la causa de muerte corresponde a un traumatismo craneoencefálico grave de origen traumático”.
“En consecuencia, la concordancia entre los relatos testimoniales y la evidencia médico-legal permite tener por suficientemente acreditada, en esta etapa inicial de la investigación, la existencia del hecho investigado”, agrega.
Pese a que la parte querellante solicitaba prisión preventiva, las defensas alegaron oponerse a la máxima cautelar, argumentando que los representados tienen irreprochable conducta anterior y han colaborado en la investigación.
Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra. (Artículo 04 del Código Procesal Penal)
