La Contraloría General de la República (CGR) ofició a la Municipalidad de Santiago, pidiendo antecedentes por la millonaria compra de la Clínica Sierra Bella. El monto ascendió a los $8.200 millones.

Esta adquisición generó polémica, luego de que la concejala Rosario Carvajal acusara a la actual administración de realizar un “negocio inmobiliario” por el presunto sobreprecio del recinto.

“La Municipalidad de Santiago termina pagando cuatro veces el valor en relación a la última transacción de diciembre de 2022, entre la clínica y la inmobiliaria San Valentín“, indicó a través de Twitter el pasado 20 de enero.

En esa oportunidad, adjuntó un artículo del diario La Segunda que hablaba de la polémica compra.

Se presentó un recurso ante la CGR, pero la alcaldesa Irací Hassler descartó irregularidades y aseguró que el proceso se llevó a cabo de acuerdo a la normativa.

“El valor es menor que el promedio de las tres tasaciones y, por tanto, se ajusta a los procedimientos y también a lo que sabemos que vale el poder contar con una clínica en las mejores condiciones para nuestra comuna”, explicó la edil en esa oportunidad.

Respuesta de Santiago a Contraloría tendrá plazo de 10 días

Según consigna Emol, la municipalidad tendrá un plazo de 10 días para responder al oficio de la Contraloría.

El informe a emitir “deberá ser preparado, atendiendo todos los aspectos consultados, con intervención de la Asesoría Jurídica o abogado de esa entidad, a menos que el asunto planteado sea ajeno a la aplicación o interpelación de normas jurídicas o reglamentarias, o que ese organismo no cuente con ese profesional, debiendo ingresarlo, junto a todos los antecedentes necesarios -en especial las tasaciones efectuadas”.

El subsecretario de Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo, también se refirió a la situación y pidió investigar “la diferencia entre avalúo fiscal y tasación, porque una cosa es el valor comercial y otra cosa es el valor del Servicio de Impuestos Internos (SII)”.

“El promedio en Chile es el 65% del valor comercial de los inmuebles o bienes. En Santiago, probablemente, incluso es más bajo del 65%, lo que despeja la polémica”, agregó.