El rey emérito de España, Juan Carlos I, descartó este jueves volver a su país por Navidad debido a la pandemia del COVID-19 y se quedará en los Emiratos Árabes Unidos, donde se encuentra desde agosto exiliado bajo sospechas de mantener una fortuna opaca en el extranjero.

“He decidido no viajar a España en estas fechas navideñas por la triste situación de la pandemia en España y el mundo, y por ser persona de alto riesgo”, señaló el exjefe de Estado español de 82 años, en un mensaje enviado al canal Antena 3.

“Con la esperanza de que todo mejore”, agrega el escueto texto.

Según mensajes a sus allegados revelados por la prensa española, quien fuera el rey de España entre 1975 y 2014 estudiaba la posibilidad de regresar al país europeo para las fiestas navideñas.

Su retorno habría significado estar presente para el tradicional mensaje de Navidad que ofrecerá la noche del 24 de diciembre su hijo, el rey Felipe VI, quien ha tomado distancia de su padre en los últimos tiempos tras multiplicarse los indicios de su fortuna opaca en el extranjero.

Juan Carlos de Borbón evaluaba volver luego de haber abonado 678.393 euros (más de 600 millones de pesos chilenos) al fisco para saldar una deuda tributaria, según informó su abogado en un comunicado la semana pasada.

Según el diario El País, esta declaración tributaria busca poner en orden la situación financiera del exmonarca en relación a una investigación por su supuesto uso de tarjetas de crédito vinculadas a cuentas bancarias a nombre de terceros con fondos de origen desconocido, lo que podría constituir un posible delito de blanqueo.

El monarca podría ser procesado por esta causa, ya que el movimiento de fondos y el uso de estas tarjetas se produjeron después de su abdicación en junio de 2014, cuando perdió la inmunidad que tenía como jefe de Estado.

Las finanzas de Juan Carlos I, quien en agosto se fue a Emiratos Árabes Unidos tras multiplicarse las sospechas de que mantiene una fortuna oculta en el extranjero, están siendo investigadas en otros dos casos por la fiscalía.

El primero es para saber si el entonces monarca cobró una comisión por la adjudicación a un consorcio de empresas españolas en 2011 de un contrato de un tren de alta velocidad en Arabia Saudita, y el otro es sobre un presunto blanqueo de capitales, ligado, según la prensa española, a una estructura opaca con millones de euros radicada en la isla británica de Jersey.