“El dinero no es todo, pero cómo ayuda”, cantaban hace unos años los Auténticos Decadentes, y creemos que podrían perfectamente musicalizar la lectura de este artículo.
La validación legal del parentesco con seis primos, más la aparición de dos supuestos hijos, son los últimos hitos en una disputa por la herencia de Luis Antonio Bravo, quien falleció en Concepción el año pasado. En el caso ya habían surgido dos supuestos testamentos y un hombre que dijo haber sido acreedor del difunto.
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7 mil millones de pesos están en medio de un conflicto tras la muerte de Bravo, quien falleció sin hijos conocidos, después del deceso de su esposa en 2016. Según La Tercera, en el último mes han surgido dos supuestos hijos. Estos serían Luis Alejandro Bravo Ponce y Rebeca Bravo Álvarez, en cuyos certificados de nacimiento aparece como nombre del padre Luis Bravo, sin mencionarse ni el segundo nombre, ni el apellido materno, ni el RUT.
Por otro lado, en una determinación que podría ser fundamental, la Corte Suprema reconoció el vínculo familiar entre Bravo con seis de sus primos maternos.
En un principio el Registro Civil los había descartado, pues según dicho servicio Bravo era un hijo ilegítimo.
Según su argumentación, la madre del hombre, Bertina Bravo, debió haber dejado consignado en una escritura pública el vínculo filiativo, pues según las normas de la época no bastaba con el certificado de nacimiento.
Así, al no existir vínculo acreditado entre Luis Bravo y su progenitora, sus primos no podían ser herederos. Sin embargo, el máximo tribunal determinó que la interpretación del Registro Civil era errada.
De esta forma, se ordenó al Registro Civil otorgar la posesión efectiva de los bienes de Bravo a sus primos, si es que se acreditan los otros requisitos legales.
Una supuesta amante había asegurado que existía un testamento en el que Bravo la validaba como heredera. Sin embargo, el escrito no correspondía al señalado cuando se revisó con los datos entregados en el conservador de bienes.
Por ello, hoy la mujer está sin herencia e investigada por falsificación de instrumento público por el Ministerio Público. También un hombre, ciudadano australiano, alegó que Bravo le debía 1.723 millones, pero más tarde se determinó que los pagarés presentados estaban con firmas falsas de la notaría.
