Fue el pasado 7 de marzo, cuando Roberto Audano, confesó haber asesinado a su esposa Concepción Arregui. Tras dispararle en la cabeza, lanzó el cuerpo en un embalse en Mendoza. Actualmente, el hombre de 70 años permanece encerrado en el complejo penitenciario de la ciudad argentina.
Por este macabro crimen, Audano arriesga la pena máxima que contempla la legislación argentina, la cual corresponde a prisión perpetua hasta un máximo de 35 años de presidio.
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Sin embargo, las leyes argentinas cuentan con un particular beneficio, al cual podría optar Audano mientras es juzgado y después de una eventual condena.
Se trata del artículo 32 de la Ley 24.660, el cual le confiere la posibilidad de cumplir prisión domiciliaria. “El condenado mayor de setenta años o el que padezca una enfermedad incurable en período terminal, podrá cumplir la pena impuesta en detención domiciliaria, por resolución del juez de ejecución o juez competente, cuando mediare pedido de un familiar, persona o institución responsable que asuma su cuidado, previo informes médico, psicológico y social que fundadamente lo justifique”, señala el artículo de la ley argentina.
En este contexto, el abogado de la Universidad de Buenos Aires (UBA), aclaró al diario Las Últimas Noticias, que una cosa es solicitar el beneficio y otra muy distinta es que sea otorgado. “Se instruye un estudio al servicio penitenciario, que elabora un informe criminológico donde sugiere si corresponde o no este beneficio. Ese resultado se le entrega al fiscal, al Ministerio Público y en virtud de eso resuelve el juez”,
Si llegarán a otorgarle este beneficio, Audano recibiría una tobillera electrónica con la que sería controlado. “Además, pasa a formar parte de un programa que incluye asistente social y un psicólogo, que lo asisten para trabajar en su reinserción social”, agregó.
