Felices estaban los familiares de un menor de edad cuando la directora del jardín infantil ‘Piececitos de Niño’, administrado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo regional, envió una foto de una actividad donde estaban participando los niños y niñas del recinto.
Pero al observar más detalladamente las imágenes y buscar al niño de 4 años, se dieron cuenta que el pequeño estaba amarrado a su silla, algo que sus familiares, sostienen, es de una enorme gravedad, y más, cuando el niño está diagnosticado con el Trastorno del Espectro Autista (TEA).
Actualmente, de hecho, se encuentra en tratamiento por dificultades en el área del lenguaje e hiperactividad.
Su abuela, Erica Pinto, señaló que esto ocurrió el miércoles 2 de agosto, pero desconocen desde cuándo el niño podría estar recibiendo este trato por parte de las educadores del establecimiento, pues el pequeño lleva cuatro años en el recinto.
“Se evidencia que al tratar de recoger una pieza del material de trabajo se inclina y levanta la silla del suelo, ya que no tiene libertad de movimiento”, denunció la abuela y funcionaria, además, del Serviu.
Acusaciones de maltrato
Al respecto, Erica Pinto aseguró que, como familia, se sienten completamente afectados por esta situación, pues ocurre en un lugar que debería ser un espacio de cuidado para el niño.
“No existe una indicación de los profesionales competentes que avalen este tipo de trato hacia mi nieto y la directora del jardín en ningún momento nos informó que lo ‘amarran’ por su conducta, situación a la que nos habríamos opuesto tajantemente, toda vez que implica maltrato hacia una persona”, afirmó.
La abuela del menor de edad contó que en un principio al tomar conocimiento del hecho, sintieron impotencia y no sabían qué hacer.
“Lo único que queríamos era ir a enfrentar a las educadoras, pero luego lo pensé mejor y envié una carta”, sostuvo.
“Le pedí al director que suspendiera a las dos personas involucradas y no siguieran trabajando con los niños, pero me dijo que no, que se debía esperar la resolución del fiscal designado”, agregó.
Pinto sostiene que el resto de los apoderados del jardín, al conocer los hechos, decidieron no enviar por más de una semana a los niños, hasta que suspendieron a las involucradas y contrataron a dos “tías suplentes”.
“Mi nieto estuvo más de un mes sin ir, ya que la neuróloga dijo que tenía un trastorno postraumático. Tratamos de ingresarlo en varias oportunidades, pero no lográbamos que se bajara del vehículo, hasta que a través de motivaciones, pudimos, y está contento con las nuevas personas”, afirmó.
Denuncia en la PDI
En ese contexto, Erica Pinto reveló que desde el Serviu no le han prestado ningún tipo de apoyo psicológico, ni al menor de edad, ni a ellos como familia, salvo charlas de funcionarios de bienestar.
“Ellos le quieren bajar el perfil. Nuestro abogado nos dice que es un delito el que cometieron las educadoras. Paralelo a la denuncia en el servicio la hice en la PDI y lo haremos en la superintendencia de Educación”, afirmó.
La funcionaria del Serviu sostiene que el motivo de hacer público esto es para que ningún niño sufra este tipo de vejámenes en un recinto educacional.
Espera del sumario
Consultados por esta acusación de la funcionaria, desde el Serviu enviaron una declaración pública en la que indican que ante la denuncia recibida “se instruyó inmediatamente acciones administrativas, la que se encuentra en proceso el sumario correspondiente, a la espera de los resultados que éste determine”.
“De forma adicional se han realizado acciones que se derivan de esta denuncia para abordar a través de los canales y organismos pertinentes, solicitando y recibiendo además orientación por parte de la Superintendencia de Educación”, agregan en el documento.
Además, afirmaron, “desde el primer momento se han sostenido diversas reuniones con apoderados, y a la vez se ha definido un equipo de apoyo”.
Actualmente, la sala cuna y jardín infantil se encuentran funcionando normalmente sin la presencia de las personas denunciadas.
