La exseremi de Desarrollo Social, Patricia Hidalgo, presentó una querella criminal por los delitos de prevaricación administrativa, cohecho pasivo agravado y soborno.

En el documento detalla que esta acción penal es en contra de quienes resulten responsables, en calidad de autores, cómplices o encubridores de los hechos antes señalados.

En concreto, en el escrito presentado por el abogado de Hidalgo, se mencionan eventuales irregularidades cometidas por: la ministra del Interior, Carolina Tohá; la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Perales; el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson; la delegada presidencial de la región Metropolitana, Constanza Martínez; y la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas.

Recordemos que el 30 de noviembre pasado se anunció la renuncia de la exseremi, en medio de las presiones que ella acusó para aprobar proyectos, pese a sus reparos como profesional.

Por ejemplo, declaró que la delegada Martínez le solicitó votar a favor del Mall Vivo Ñuñoa, obra que ella rechazaba desde que fue concejala de la comuna.

Por otro lado, el ministro Jackson aseguró que Hidalgo no quiso asistir a una reunión telemática en donde se iba a discutir una presunta violación contra una menor de edad en un albergue del programa enlace, dependiente del ministerio.

Exseremi se querella por cohecho y prevaricación

Cabe mencionar que previo a esta querella, Hidalgo presentó una denuncia en la Fiscalía Centro Norte y está en actual tramitación ante el Ministerio Público, se lee en el escrito.

Ahora, los hechos que motivaron la acción penal dicen relación con el Proyecto de Solución Sanitaria para un Sector de Quilicura, de la Empresa de Servicios Sanitarios San Isidro S.A.

A esto añade que “la Declaración de Impacto Ambiental fue declarada admisible por la Comisión de Evaluación, con fecha 21 de noviembre de 2018, y fue aprobada mediante Resolución Exenta (…) de fecha 7 de diciembre de 2022, de la citada Comisión”.

Luego señala que el 18 de abril de 2022, asumió el cargo de seremi de Desarrollo Social, “y es en esa condición de funcionaria pública, titular de dicho cargo, que me tocó participar, a partir de esa fecha, en la evaluación ambiental del citado proyecto”.

Patricia Hidalgo acusa presiones

La exseremi también comenta que el 10 de abril de 2022 se creó un grupo en WhatsApp denominado “Comisión Ambiental”, que tenía como propósito coordinar.

“Fue más allá de la coordinación y se utilizó para aprobar o rechazar ilegalmente proyectos sujetos a evaluación ambiental ante dicho órgano, hechos que pueden ser constitutivos de delito”, apunta.

Por ejemplo, Hidalgo detalla que “el día 23 de noviembre de 2022, previo a la votación del Proyecto de Solución Sanitaria para un sector de Quilicura, de Empresa de Servicios Sanitarios San Isidro S.A., recibí el llamado de la SEREMI de Medio Ambiente, doña Sonia Reyes Packe, para hablarme sobre el citado proyecto, a lo que yo le respondí que no se preocupara por mí, ya que, al tratarse de una sesión extraordinaria, yo ya tenía agendado otro compromiso, y, por lo tanto, me iba a excusar”.

“A los pocos minutos de esa llamada, recibí otro llamado, esta vez de la Subsecretaria de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, doña Francisca Perales, diciéndome que no podía excusarme por ‘órdenes de la Ministra del Interior’”, añade el escrito.

“Como su respuesta me extrañó y sorprendió porque no es habitual que otros ministerios se involucren en funciones ajenas a las que les son propias de su cargo, yo le pregunté si ‘Carolina Tohá daba esas instrucciones’, ante lo que ella me respondió y me insistió en que ‘son órdenes de Interior’”, manifestó la exseremi.

Luego de esto, Hidalgo le dijo que “dado lo imperativo de su instrucción, que asistiría, pero que votaría rechazo al proyecto. Pero ella me volvió a insistir, otra vez en tono imperativo, y me dijo que ‘la instrucción es asistir para aprobar el proyecto’”.

Las ilegalidades e irregularidades detectadas y que motivaron esta querella

1.- “El otorgamiento de instrucciones ilegales a mi persona de parte de la ministra del Interior, Carolina Tohá, a través de otros funcionarios, para aprobar el Proyecto de Solución Sanitaria para un sector de Quilicura, de Empresa de Servicios Sanitarios San Isidro, lo que fue comunicado por celular y WhatsApp de la subsecretaria de servicios sociales (…). Se deben investigar las relaciones administrativas, políticas o de otro orden, entre la ministra (…) y la empresa de servicios sanitarios San Isidro S.A., sus propietarios, directores o gerentes, uno de cuyos propietarios y directores es el ex Tesorero del Partido Por la Democracia (PPD), Gustavo Silva Cabello, con quien Carolina Tohá tenía estrechas relaciones políticas”.

2.- “El otorgamiento de instrucciones ilegales a mi persona de parte de la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Perales Flores, para aprobar o rechazar diversos proyectos sujetos a evaluación ambiental”.

3.- “El otorgamiento de instrucciones ilegales a mi persona de parte de la delegada presidencial Constanza Martínez, para aprobar o rechazar diversos proyectos sujetos a evaluación ambiental”.

4.- La solicitud de petición de renuncia a mi cargo de seremi por parte del ministro Giorgio Jackson Drago, motivado por mi oposición a las intervenciones e instrucciones ilegales que se impartían desde el nivel central del Ministerio, específicamente de la Subsecretaría de Servicios Sociales”.

5.- “La intromisión de la ministra de Medio Ambiente María Heloisa Díaz en los procedimientos y calificación ambiental de proyectos de la Comisión Ambiental de la Región Metropolitana, mediante el apoyo del abogado Sebastián Aylwin Correa, de la oficina de evaluación ambiental de dicho ministerio”.