Robo de WhatsApp, hackeo de Instagram o filtración de información de organizaciones son algunas de las denuncias que se ven día a día.
De estas, un número menor tenía sanciones o no correspondían a investigación.
Es más, solo en 2021 Chile sufrió más de 9.400 millones de intentos de ciberataques.
Entre 2020 y 2022 muchos procesos se aceleraron, el e-commerce explotó, cambiaron las formas de trabajo y las prioridades de las personas.
También puedes leer
Sin embargo, también dio paso a nuevos problemas, tanto económicos como sociales, sobre todo de seguridad personal.
Las redes sociales e Internet fueron claves para continuar con una normalidad, por lo que el flujo de información clave motivó a los ciberdelincuentes a crear nuevas maneras de estafa.
Pero no fue todo, durante un tiempo las personas comunes y corrientes también han sido parte de estos delitos, robos de números, cuentas de Instagram, estafas bancarias, etc. lo que provocó el cuestionamiento sobre las pocas acciones o recursos de protección para estos casos.
De esta forma, el pasado 20 de junio entró en vigor la ley 21.459 de Delitos Informáticos, generando así un avance en materia de protección de datos.
“Esta ley es de suma importancia, ya que establece las penas efectivas para los ciberdelitos”, señala Esteban Andrade, Líder TI de TRES60.
Artículo que beneficiarán a los ciudadanos
La modificación es amplia y para el experto, existen 7 artículos claves que serán sancionados por la nueva ley:
– Artículo 2: se sancionará el acceso sin autorización a un sistema informático, arriesgando presidio menor o multas de hasta 20 UTM.
– Artículo 3: Interceptación ilícita de información pública y/o captación de datos, arriesga presidio menor.
– Artículo 4: Ataque a la Integridad de los datos informáticos, y siempre que cause un daño grave al titular, arriesga presidio menor en su grado medio.
– Artículo 5: Falsificación informática, que se alteren indebidamente los datos, arriesga presidio menor en su grado máximo.
– Artículo 6: Receptación de datos informáticos
– Artículo 7: Fraude informático, buscando obtener un beneficio económico, ya sea personal o para un tercero, arriesgado presidio menor en su grado máximo y multas de hasta 30 UTM dependiendo del perjuicio provocado.
– Artículo 8: Abusos de dispositivos, para quienes entrega u obtiene -por ejemplo- contraseñas externas, arriesgando presidio menor o 10 UTM de multa.
“Las personas comunes se verán beneficiadas directamente, ya que se deberá realizar un correcto trato de su información bajo los parámetros de esta ley”, sentenció.
Cabe destacar que esta modificación a la ley ya fue publicada en el diario oficial y en seis meses comenzará a regir.
