Todo comenzó por denuncias a través de redes sociales, donde familiares de internos acusaban que sus parientes imputados estaban siendo extorsionados por otros privados de libertad. Pedían plata a cambio de no ser agredidos en el penal Santiago 1.
En uno de los casos, el 2 de abril, se presentó una ciudadana ante personal Guardia Armada, quien denunció a internos del módulo N° 88. Ellos estarían solicitando dinero vía WhatsApp a cambio de no agredir a su hijo, el interno J.C.A., imputado por el delito de robo con violencia.
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La mujer dijo no conocer la identidad de los internos denunciados, pero sus familiares realizaron dos depósitos: uno de $25.000 y otro de $60.000.
Personal de servicio concurrió hasta el módulo N° 88 para sacar al interno presuntamente extorsionado, quien habitaba la celda N° 20, derivándolo hasta el Área de Salud Ambulatoria. Allí lo diagnosticaron “sin lesiones”, y a posterior del proceso administrativo, fue derivado al módulo N° 13, hasta resolver el asunto por parte de la Jefatura de Unidad.
Extorsión de reos en Santiago 1
Fuentes de BioBioChile confirmaron que los imputados que extorsionaban eran extranjeros, entre venezolanos y colombianos, también catalogados como primerizos, y pedían a internos (también primerizos) dinero para no agredirlos.
Asimismo, una fuente conocedora del tema abordó la importancia de que en Chile se maneje la información cuando las personas de otro país tengan antecedentes previos.
El exdirector nacional de Gendarmería, Christian Alveal, sostuvo a La Radio que “cuando participan extranjeros como extorsionadores, es una complejidad mayor, toda vez que gendarmería no dispone de los antecedentes de los países de origen. Es clave y determinante saber y conocer el pasado de esta persona”, explicó.
“En consecuencia, al desconocerlo, los clasifican como primerizos, en circunstancia que pueden ser delincuentes con un historial criminal, que pueden abusar de personas que están siendo clasificadas como de bajo contagio criminógeno o escasos de riesgos de reincidencia”, añadió.
Crimen organizado “sin fronteras”
Por otro lado, Alveal aseguró que “es necesario que se pueda intercambiar información entre países de la región, respecto a los privados de libertad, cuando son extranjeros, porque el crimen organizado no reconoce fronteras”.
De hecho, una defensora penal pública interpuso cautela de garantía a favor de internos, las que fueron acogidas en una oportunidad por el juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia Laubreaux.
El magistrado adoptó medidas urgentes de segregación para proteger a los internos de abusos.
