En las relaciones laborales, educacionales, deportivas, militares, policiales, de prestaciones de servicio y otras con relación jerárquica o de desigualdad de grado, se sancionará el acoso sexual.

Así lo precisa el proyecto de ley sobre acoso sexual, recientemente aprobado en particular por la Comisión Especial de la Mujer y Equidad de Género, instancia presidida por la senadora Isabel Allende.

Cabe recordar que el texto tiene su origen en una moción de las senadoras Adriana Muñoz, Isabel Allende, Ximena Órdenes, Ximena Rincón y del senador Juan Ignacio Latorre, y fue aprobada en general por la Sala del Senado a comienzos del 2021, después de lo cual se han realizado diversas sesiones de audiencias para recabar la mayor cantidad de opiniones sobre el tema.

En su última sesión, la instancia especializada repuso que las sanciones sean, además, para el ámbito militar y policial.

Así, el texto propuesto indica que el solicitar o exigir un acto de connotación sexual para sí, o para un tercero, provocando en la víctima una situación que sea capaz de provocar una situación intimidatoria, hostil o humillante, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo.

Precisa además que, si esto se realizare como condición para, por ejemplo, experimentar una mejora laboral o será para evitar el despido, será castigado con presidio menor en su grado medio (de 541 a 3 años).

Sobre el acoso sexual callejero, “se le dio un giro” a la propuesta y no será solo en lugares públicos, sino que en “todo lugar”, estableciendo penas para actos de carácter verbal o ejecutados por medio de gestos, los que arriesgarán prisión en su grado mínimo (de 1 a 20 días) o multa de 1 a 3 UTM (de $55.537 a más de $160.000).

En el caso de conductas consistentes en acercamiento o persecuciones, o actos de exhibicionismo con contenido sexual explícito se sancionarán con prisión en su grado medio a máximo y multa de 5 a 10 UTM (hasta más de $550.000).

El proyecto avanzó con medidas que sancionarán el acoso sexual de parte de jueces y trabajadores del sector público, entre otros.