“Cannabis a la Constitución ahora” es el nombre de la iniciativa popular de norma que ya alcanzó las firmas necesarias para que sea discutida en la Convención Constitucional.
Según detalló BioBioChile, esta propuesta de Activismo Cannábico Chile logró el mínimo de 15 mil patrocinios en tan sólo 9 horas, permitiendo así que entre a la comisión de Derechos Fundamentales del órgano constituyente.
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“El Estado de Chile, a través de sus agentes, ejerce una vulneración sistemática hacia la dignidad esencial y soberanía personal de las personas que voluntariamente cultivan plantas y consumen sustancias enteógenas con fines legítimos, viendo transgredidos sus derechos fundamentales”, señala la iniciativa presentada en la Plataforma Digital de Participación Popular.
En esta línea, la iniciativa busca que que las personas tengan “derecho a cultivar su vínculo con la naturaleza y poder beneficiarse de sus frutos, en el marco de una relación equilibrada y respetuosa”.
“Por tanto, el Estado no podrá restringir las vías para el desarrollo personal, garantizando el acceso funcional a herramientas enteógenas disponibles para nuestra evolución”, agregan.
Hasta el cierre de esta nota, la propuesta reúne el apoyo de más de 30 mil personas. De esta forma, se posiciona como una de las más votadas por la ciudadanía, junto a “Con mi plata no”, que busca defender la propiedad de las pensiones (34.982), y “Será ley”, que quiere garantizar el derecho al aborto (24.734).
Argumentos
Activismo Cannábico Chile presenta, entre sus argumentos, que la Corte Suprema ha reconocido que el sistema penal “vulnera la dignidad esencial y soberanía personal de las personas que legítimamente buscan el bienestar y la mayor realización posible mediante el cultivo y consumo de ciertas especies enteógenas con cualidades expansivas”.
“Se aplica mal el derecho. Se persiguen y condenan conductas permitidas. Encarcelan inocentes. Se presume la responsabilidad penal por la sola presencia de plantas o especies controladas, con el solo mérito de una denuncia anónima (se anticipa el castigo de forma ilegítima basado en prejuicios y especulaciones)”, indican.
“Chile ha suscrito tratados internacionales que le prohíben invocar la ambigua Ley 20000 como excusa para incumplir obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos. Admitir lo contrario sería tolerar un Estado totalitario, anti democrático e ilegítimo“, añaden.
