Angélica Loyola, madre de una niña de 17 años diagnosticada con epilepsia refractaria y trastorno psicomotriz, enfrenta las falencias del sistema legal tras denunciar que su hija fue víctima de abuso sexual. Esto porque su caso fue cerrado debido a que la víctima no pudo entregar su testimonio verbalmente.
Según contó la oriunda de Concepción a Página 7, todo comenzó en diciembre de 2018, cuando el padre de su hija la habría entregado con diversos moretones en el cuerpo luego de una visita agendada. En este contexto, la madre denuncia que el Servicio Médico Legal se demoró 10 meses en realizar el peritaje correspondiente
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“Luego de ese episodio pasan 8 meses en los cuales él no ve a mi hija. Después de ese tiempo nuevamente pide visitas”, explicó Loyola.
Fue así como tras regresar de este nuevo encuentro, la niña de en ese entonces 14 años presentó una crisis de psicosis. “Tenía la mirada perdida, no quería que la tocaran”, describió.
A pesar de que su neuróloga le había advertido que estas reacciones podrían ocurrir al reencontrarse con su padre, su estado nervioso se prolongó más de lo común. “Lloraba, no quería almorzar, nada (…) Mi hija cambió del cielo a la tierra después de ese día”, recordó.
Asustada por la situación, Loyola consultó con la matrona, quien le alertó que esas conductas no eran normales. Por ese motivo acudió a Fiscalía para hacer la denuncia y entregar los antecedentes correspondientes.
Más tarde recibió el llamado del colegio de su hija, avisándole que la niña presentaba un extraña conducta, que no era habitual en ella. “Ese fue el primer indicio de que a mi hija algo le había sucedido en esa salida con su padre. Ella quedó con muchas secuelas”, relató.
Falencias en el sistema
De ese modo, la matrona realizó el chequeo correspondiente, encontrando indicios de abuso sexual. “La especialista emitió un certificado y nos fuimos a la PDI, donde solicité pericias en el Servicio Médico Legal”, dijo.
No obstante, debido al estado de la menor de edad, fue imposible tomarle declaraciones. “Mi hija estaba muy alterada, era imposible conversar con ella. Lloraba y gritaba“, describió.
“Entonces en la PDI guardaron el video como evidencia y nos mandaron para la casa porque no ‘la podían atender así’. Incluso ni siquiera querían poner mi declaración (…) El fiscal guardó las pruebas y me mandaron a Fiscalía al día siguiente. Ahí empezó mi calvario”, lamentó.
Cabe señalar que las pruebas solicitadas al Servicio Médico Legal se realizaron 27 días después de que se hiciera la denuncia por el presunto abuso. “Mi hija gritaba, no pudieron hacer el procedimiento como correspondía“, dijo, considerando que fue citada a las 8 de la mañana, y la menor de edad sufre de trastornos del sueño.
Con esas pruebas el informe del SML determinó que “no se puede asegurar ni descartar un abuso sexual contra la menor de edad”, por el tiempo que demoró en realizarse el peritaje.
“Ni siquiera se le hizo una evaluación psicológica (…) La fiscal solo se basó en los problemas que yo tenía con el papá de mi hija”, criticó Loyola, afirmando que la denuncia era en contra de quienes resultaran responsables.
“Mi abogado hizo la querella y Fiscalía finalmente me cerró el caso porque mi hija es discapacitada y no habla. La ley es simple: ‘Si no hay testimonio, no hay nada que hacer’“, denunció.
Considerando lo anterior, Loyola afirmó que seguirá luchando para que se sepa la verdad en su caso. “Siento que fue injusto lo que sucedió con mi hija. Esto no puede seguir pasando, el sistema es súper inoperante. Porque ella no puede hablar, no se investiga“, criticó finalmente.
“El mismo sistema atenta y vulnera a estas personas”
Claudio Pinto, abogado de la Defensoría de la Discapacidad, explicó que los sistemas judiciales y los organismos colaboradores del Estado, tienen protocolos muy estandarizados, pero al mismo tiempo anticuados. “Ellos se quedaron en que la única forma de comunicación posible es la verbal o escrita. Pero hoy estamos viviendo una realidad completamente distinta”, evidenció.
En estos casos, cuando se ven vulnerados los derechos de una persona, se recurre a un curador ad litem (comúnmente un abogado), que representa la voz del menor de edad o persona en situación de discapacidad.
“Sin conocer las circunstancias de la víctima, ni los antecedentes personales, -incluso a veces es nombrada en la misma audiencia- toma decisiones por ella (…) Muchas veces sin una capacitación“, criticó.
“Entonces el mismo sistema atenta y vulnera a estas personas. Básicamente porque no quieren abrirse a escuchar y resguardar los derechos de los menores de edad“, apuntó.
Desde su perspectiva, nuestro país está muy lejos de cambiar el sistema, porque ni siquiera se tienen cifras al respecto. “Lo que existen son casos dramáticos como el de la madre de esta niña, que han expuesto su situación. Pero la mayoría no habla y no denuncia”, planteó.
“Hoy podemos decir que abusar sexualmente o violar a una persona en situación de discapacidad, si es menor de edad o tiene problemas de comunicación, lamentablemente ‘resulta gratis’ ante la justicia”, expuso finalmente.
