El viernes se dio a conocer que la Corte de Apelaciones ordenó al Estado chileno pagar 40 millones de pesos a 31 de los 33 mineros que quedaron atrapados en la mina San José, en agosto de 2010.
La investigación evidenció que el Estado faltó a su deber de protección, “actuando de manera negligente en el cumplimiento de sus funciones” y que, por lo tanto, “debe responder por la falta de servicio alegada y acreditada”.
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El fallo, el cual aún puede ser apelado ante la Corte Suprema, determina como principal responsable al Servicio Nacional de Geología y Minas (Sernageomin), el cual debía “velar por el cumplimiento de las normas de seguridad ” y “no actuó, o lo hizo imperfecta o tardíamente”.
Es este contexto Página 7 se contactó con Mario Sepúlveda, uno de los 31 mineros beneficiados por el fallo, para conocer sus impresiones.
Sepúlveda reveló que tiene sentimientos encontrados respecto al veredicto. “Me causa felicidad porque se reconoce la causal del accidente”, comentó.
Mario también señaló que le causa alegría el fallo pues, de ser ratificado, “cada compañero recibirá ese dinero”. Sin embargo, también se mostró molesto por otros detalles de este caso, el cual se arrastra hace más de una década.
“Tengo sentimientos encontrados por varias cosas. Hay muchos compañeros que están verdaderamente olvidados”, señaló Sepúlveda.
En esta línea agregó que este tipo de noticias no les hacen bien, pues cree que sirven “para el bien de la opinión pública” y también para “tapar lo malo”.
Sepúlveda también criticó, sin dar nombres, a políticos que utilizaron este accidente a su favor y que “basurearon el nombre de nuestro país”.
Finalmente, Mario indicó espera que la Defensa del Estado “por último, por dignidad, reconozcan que una entidad estatal no hizo bien su trabajo”.
