Justo en medio de las jornadas de elecciones, comenzó a difundirse por redes sociales una campaña que buscaba que los votantes utilizaran ‘la Quinta Papeleta’ a la hora de sufragar.
Según explicaron varios perfiles de Instagram y Twitter, además de las papeletas de alcaldes, gobernadores, concejales y constituyentes, los electores podían llevar desde sus casas un quinto voto que podía ser incluido dentro de las urnas.
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Esta incluye la pregunta si quiere que el Presidente Piñera sea destituido o no. La idea es que la persona introduzca este ‘voto’ dentro de cualquiera de los otros, para que luego sea contabilizado al final del proceso.
El problema de esto es que se puede estar incurriendo en un delito, según detalla el Servicio Electoral. Primero hay que dejar en claro que si ‘la Quinta Papeleta’ es descubierta en el conteo final, no debería objetar el voto real del ciudadano.
Esto porque no influiría en la preferencia de los alcaldes, concejales, gobernadores y constituyentes. Sin embargo, hay un aspecto legal que no se está considerando.
“La Constitución es muy clara. Solo se pueden organizar las elecciones establecidas en ella y en ningún otro lugar. Estas son las que se organizan en virtud de la Ley de Votaciones Populares y Escrutinios, y que es ejecutada por el Servicio Electoral”, explicó el presidente del Consejo Directivo del Servel, Andrés Tagle.
¿Y pueden haber sanciones? La respuesta es sí. Según el artículo número 7 del artículo 149 de la ley, si una persona es descubierta con votos que no son legales, podría estar incurriendo en un delito al ‘fabricar votos externos al proceso’.
La ‘Lista del Pueblo’ decía en redes sociales que todo esto era legal, y que sus apoderados de mesa lucharían por dejar constancias de estos votos.
Aquí también los vocales de mesa podrían verse afectados: “La otra disposición que se aplica es la del artículo 155, que establece faltas generales, no específicas de la ley de votaciones, como es hacer otra elección paralela, y hacer escrutinios paralelos”.
Las penas podrían ir desde multas hasta una pena de presidio, por alterar el proceso de elecciones.
