Desde julio de 2020, fueron miles las solicitudes que se hicieron para el retiro de fondos previsionales. En medio de ese panorama, el Poder Judicial envió a las AFP un listado con potenciales deudores de pensiones de alimentos, con el fin de que se retrasara el pago hasta cumplir el máximo plazo legal.
¿Cuál era el objetivo? Dar tiempo a las ex parejas o a los hijos para que pidieran la retención, pero esa instrucción duró poco. A fines de agosto, la Superintendencia de Pensiones –en acuerdo con la Corporación Administrativa del Poder Judicial– indicó a las AFP que dejaran de usar esa nómina.
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CIPERChile quiso saber la cifra de deudores que resultaron favorecidos por este oficio, pero el Poder Judicial, las AFP y la superintendencia se negaron a entregar el dato.
Polémico oficio
El oficio emitido por la superintendencia, en vez de ordenar a las AFP que utilizaran correctamente la nómina y postergaran el pago hasta el último día del plazo legal, simplemente dejó sin efecto la lista.
La instrucción fue esta: “Dejar de utilizar la información contenida en el archivo entregado por la Corporación Administrativa del Poder Judicial”.
De esta forma, quedó la puerta abierta para aquellos padres que no tenían temas alimentarios pendientes, pero al mismo tiempo quedó sin efecto la medida que buscaba dar tiempo a los familiares afectados por los deudores.
El polémico documento fue remitido a todos los gerentes generales de administradoras de fondos de pensiones (Cuprum, Capital, Modelo, Habitat, Uno, Provida y Planvital).
Información confusa
En la Superintendencia de Pensiones indicaron que la emisión de este oficio fue para “evitar que se entregue información confusa a los afiliados”, ya que varias AFP informaron equivocadamente a los afiliados que tenían el pago retenido por instrucción de un tribunal, sin que ello fuera efectivo, lo que causó molestia en varios usuarios.
El organismo público, por otro lado, añadió que este listado permitió “que más de 300.000 medidas cautelares lograran ser tramitadas por los tribunales y despachadas a las AFP antes de 10 días hábiles, para que estas pudieran retener los fondos que ya habían sido solicitados por los deudores, asegurando así el pago de las pensiones alimenticias adeudadas”.
Al día de hoy, sin embargo, ninguna de las entidades que intervienen en el tema –sean públicas o privadas– quiere hacer público el número de posibles morosos que igualmente recibieron su 10%.
¿Qué dicen las AFP?
Para el reportaje, CIPERChile se comunicó con la Corporación Administrativa del Poder Judicial para consultar, pero allí aseguraron que esa información la manejaban las AFP.
Provida dijo que se pagó “únicamente a aquellos afiliados que figuraban en la base de posibles deudores, remitida por el Poder Judicial, que no tuvieran una resolución judicial de retención (cautelar) o no se hubieren autodeclarado como deudores de alimentos”. Sin una orden de la justicia o autodeclaración, esta AFP no tiene la facultad para retener fondos por deuda alimentaria.
Capital, por su parte, aseguró que han pagado “correctamente los casos que han sido ordenados por los tribunales de familia”.
La tercera administradora que respondió fue Modelo, desde donde dijeron que no participarían del artículo publicado. Cuprum, Habitat, Uno y Planvital no respondieron los correos enviados por el equipo periodístico.
Por último, la Superintendencia de Pensiones señaló que “la totalidad de las personas que se encontraban en esa nómina entregada por la CAPJ y sobre las cuales no se emitió medida cautelar recibieron su pago”.
