La Subsecretaría de Prevención del Delito, liderada por Katherine Martorell (RN), incumplió las bases de licitación mediante la cual adjudicó a Motorola las cámaras corporales para Carabineros por un monto superior a los $378 millones.
Lo anterior se conoció por informe enviado por Chile Compra a la investigación por fraude al fisco que sustancia Francisco Ledezma, fiscal Centro Norte, dirigida en contra de Martorell y los miembros de la comisión que evaluó los antecedentes presentados por la multinacional.
Fueron precisamente fuentes de Chile Compra quienes entregaron más detalles de la situación a la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, indicando que la SPD adquirió los aparatos sin que estos contaran con la característica de pre y post grabado, requisito básico e ineludible para la adjudicación de platas fiscales.
En los documentos que adjuntó Motorola en el portal Mercado Público, el mecanismo exigido no aparecía en ninguno de ellos.
Saltándose toda formalidad, los miembros del grupo evaluador buscaron en internet para establecer que la compañía sí cumplía con el pre y post grabado, lo que permitió hacer coincidir ilegalmente los requisitos.
De hecho, los archivos en PDF hallados en la web por los funcionarios de la SPD parecen creados posterioridad al cierre y adjudicación de la licitación. Es más, en una publicación en el sitio web de Motorola se señala que las captadoras de imagen carecen de post grabado.
La misma fuente explicó que las bases fueron “interpretadas” de forma ilegal basándose en elementos ajenos a la oferta de Motorola.
Recordemos que el resultado de la competencia derivó en que la empresa Pegasus, otro de los participantes, reclamara ante la autoridad por la vía de un recurso. Este último fue contestado por Martorell, desestimando los argumentos de la firma. Para ello esgrimió que Motorola cumplía con todos y cada de los requerimientos técnicos.
A raíz de lo anterior, Pegasus interpuso una querella criminal por fraude al fisco y otros delitos de corrupción ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago en contra de Martorell y cinco miembros del grupo revisor.
El fiscal Ledezma ha dictado una serie de diligencias, entre ellas, el alzamiento del secreto bancario de Martorell y los otros imputados e incautaron computadores y celulares desde la SPD en 2019.
Una más
Lo anterior no fue lo único que descubrió Chile Compra, se indicó en el organismo. Durante el proceso de licitación la empresa Smart Partners pasó la primera etapa de evaluación en la SPD, postulando con un monto muy superior a los 440 millones de acuerdo al certificado de disponibilidad presupuestaria.
En otras palabras, debió ser desestimada íntegramente en la primera revisión de antecedentes y no llegar a manos de Martorell para su revisión. Esta firma, en enero de 2019, vendió 300 cámaras Axxon en enero pasado por más de 450 millones, por la vía del trato directo.
En el concurso, la empresa que sí cumplía con el requisito de pre y post grabado, de acuerdo a los antecedentes que constan en el portal de Mercado Público era Pegasus. A ello se sumaba que su oferta era 131 millones más barata que Motorola.
De acuerdo a las fuentes consultadas, se indicó que la SPD debió, como manda la ley, evaluar y decidir por la oferta más barata para que las platas fiscales fueran usadas de manera más ventajosa para el Estado.
Las cámaras Motorola se han convertido en un dolor de cabeza para Carabineros, atendido a que presentan problemas de coordinación digital con el software entregado por la propia empresa, en particular con la trazabilidad de las imágenes que se envía al Ministerio Público para acreditar la existencia de un delito.
De hecho, el proyecto fue rechazado por la policía uniformada por las constantes dificultades de operación, tal como consta en un acta publicada por este medio.
A mediados de 2019, Martorell fue consultada por qué se eligió a Motorola pese a que las cámaras Motorola no cumplían con la función de pre y post grabado. Su respuesta fue que se trataba de un problema de carácter “semántico” y no real.
Nuevo flanco
Junto a la investigación del Ministerio Público, Martorell enfrenta un duro cuestionamiento de la Contraloría. Esta vez por la adquisición de mil cámaras de vigilancia a la empresa Ingesmart por 1.400 millones de pesos.
En este contexto, el organismo fiscalizador detectó la falta de interoperatividad de los artefactos con el sistema de control externo.
“En efecto de los antecedentes obtenidos a la vista, aparece que la empresa adjudicataria concurrió a la firma del contrato comprometiéndose -en el número Nº1 de la cláusula tercera del mismo y tal como lo exigían las bases- a efectuarse la integración de las nuevas cámaras con los sistemas ya existentes pese a que a esa data tenía conocimiento de que no podría cumplir con dicha exigencia”, señala el texto notificado a Martorell.
Por último, otro problema detectado por la entidad de control es que las cámaras HIKVision son de origen chino, prohibidas en Estados Unidos y fueron vetadas en el estándar internacional de televigilancia, presentando problemas en su sistema informático. Además, en medios especializados en seguridad telemática, se indica que a través de estos aparatos se ejecutan labores de espionaje.
