El lunes de la semana pasada, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, anticipó que buscará aplicar el veto presidencial al denominado proyecto de indultos, en caso de ser aprobado por el Congreso Nacional.
En ese sentido, el Gobierno ha mantenido su irrestricto rechazo a la iniciativa impulsada por los senadores Juan Ignacio Latorre (RD); Alejandro Navarro; Yasna Provoste (DC); Isabel Allende (PS); y Adriana Muñoz (PPD), actual presidenta de la Cámara Alta.
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El ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, ha señalado que “las causas por muy plausibles que sean, no pueden ser un paraguas para la violencia”, agregando que “hay que hacer una separación entre aquellos que se manifiestan pacíficamente y los que van directamente con ánimo delictual”, rechazando la tesis de presos políticos.
De hecho, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos -según publicó El Mercurio– elaboró una minuta con 10 puntos, que leyó el presidente Piñera, para oponerse a la iniciativa de ley.
Allí, entre otras cosas, acusa una ausencia de fundamentación para promover un supuesto indulto; una errónea comprensión del derecho a reunión y la protesta, donde el Ejecutivo resalta que deben ser “pacíficas y sin armas”; señala que afecta la independencia del Poder Judicial; que afecta la garantía de igualdad ante la ley; y precisa sobre la cantidad de personas que serían beneficiadas, informando que “hoy hay 14.059 en prisión preventiva, de las cuales 227 se encontrarían privadas de libertad vinculadas al estallido social. De ellas, 172 en prisión preventiva y 55 condenadas.
Con todo, la iniciativa de ley comenzará hoy martes a ser tramitada en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, la cual es presidida por Juan Ignacio Latorre, quien señaló que se buscará escuchar a las posiciones favorables y contrarias al texto.
Debemos recordar que el proyecto de ley busca indultar a las personas que hayan sido detenidas y puesta a disposición de la justicia desde el 7 de octubre de 2019 y hasta su eventual promulgación.
En esa línea, han sido varias las voces críticas a la iniciativa, que contó con el desmarque de la Defensoría Penal Pública, la Fiscalía e incluso del sacerdote jesuita Felipe Berríos.
A esta suma contraria, también se encuentra un bloque de la Democracia Cristiana. La senadora y jefa de bancada, Ximena Rincón, calificó como insostenible las hipótesis del proyecto.
Y es en ese sentido que en la interna de los partidos políticos se comentan que existiría una especie de manga ancha para los desconocidos que han cometido diversos delitos comunes en medio de las protestas, en el que se ha saqueado, destruido mobiliario público y quemado buses del transporte público, entre otras situaciones, como el lanzamiento de bombas incendiarias.
El senador de la UDI e integrante del comité de Derechos Humanos, Iván Moreira, reiteró su posición contraria y sostuvo que es “un premio a la impunidad”.
Son ocho los artículos que considera la iniciativa de ley que, concretamente, beneficiaría a detenidos por saqueo; por robo con intimidación; desórdenes públicos; robo; receptación; tráfico en pequeñas cantidades; incendio con peligro para las personas; atentado explosivo o incendiario; robo en lugar habitado; y porte de arma prohibida.
Para que el proyecto pueda avanzar del Senado se necesitan 22 votos, los cuales -por ahora- no estarían comprometidos.
