La semana pasada un operativo de la Policía de Investigaciones (PDI), en conjunto con la Fiscalía Centro Norte, permitió la detención de ocho personas relacionadas a las amenazas contra la fiscal Ximena Chong.
Recordemos que la persecutora recibió una carta con amenazas de muerte en su domicilio, donde sostenían que la misiva constituía una conminación “hacia su integridad psicológica y física”, tras su trabajo realizado en el caso del joven que fue empujado al río por Carabineros desde el puente Pío Nono.
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De dicho procedimiento, solo uno de los imputados quedó en prisión preventiva, luego que fuera encontrada una subametralladora Uzi y munición del armamento, lo que motivó que el Gobierno presentara una querella por Ley de Armas en contra del involucrado.
Dicha situación, fue informada luego de las polémicas declaraciones del subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, quien aseguró que los elementos encontraron se trataban de “utensilios”, a excepción del mencionado artículo que se considera de uso militar.
Subsecretario Galli
Eso sí, este lunes el Ejecutivo aclaró el por qué presentar este tipo de querella y no apelar a la Ley de Seguridad del Estado, según informó La Tercera.
“Así se ha hecho en La Araucania, en determinados casos de desórdenes relacionados a la crisis social e incluso en el Caso Bombas (…) esta legislación, en comparación a la LSE, permite el cumplimiento efectivo de prisión, de acuerdo a la última modificación a la ley 18.216”, explicaron al citado medio.
A su vez, el subsecretario comentó que “con el equipo de litigios complejos se ha avanzado en estrategias que nos permite presentar querellas en los delitos más graves, conseguir condenas efectivas y medidas cautelares que den cuenta clara de la gravedad de los hechos”.
