La tarde de este viernes el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, anunció que el Gobierno presentará una querella contra quienes resulten responsables de las amenazas en contra de la fiscal Ximena Chong.
A su vez, la autoridad calificó de “graves y condenables” los actos contra la persecutora, por lo que en específico la demanda será presentada a quien se le incautó una subametralladora.
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Eso sí, la querella fue anunciada una vez que el subsecretario saliera a aclarar sus dichos luego de calificar de “utensilios” las armas incautadas en el procedimiento de la PDI, donde también se encontraba el armamento UZI, valiéndose de una serie de críticas.
“Como Gobierno hemos decidido presentar una querella criminal por Ley de Control de Armas en contra del poseedor de esta arma de fuego, con penas que son las más altas de nuestro ordenamiento jurídico, que van de 3 años y un día a 10 años de prisión, para aquellas personas que son las responsables de tener o utilizar armas prohibidas en nuestro país”, expresó
¿Qué dice la querella?
De acuerdo al documento presentado por la abogada que representa a la Intendencia Metropolitana, en horas de la madrugada del 26 de noviembre, personal de la PDI ingresó al inmueble ubicado en calle Villasana, comuna de Quinta Normal, perteneciente a Pablo Martínez Castro, “quién mantenía en su poder, sin contar con la debida autorización, una subametralladora marca IMI ISRAEL, calibre 9mm, con su respectivo cargador y 17 cartuchos calibre 9mm, sin percutar”.
Al encontrar aquello, se “configuran el ilícito de tenencia ilegal de arma de fuego prohibida, previsto y sancionado en el artículo 13° en relación al artículo 3° de la Ley 17.798″.
“Los hechos denunciados en la querella afectan gravemente el orden público, en tanto la tenencia y posesión de armas de fuego es privativa del Estado Chileno, monopolio que cede bajo el cumplimiento de ciertos requisitos estrictos establecidos en la Ley de Control de Armas”, sostiene la querella según detalla Publimetro.
En tanto, se asegura que el Gobierno se hará parte de las denuncias presentadas contra Martínez Castro, “por todos aquellos otros ilícitos que resulten comprobados durante el curso de la investigación, con el objeto que sea formalizado, acusado, y, en definitiva, condenado a las penas establecidas por la ley”.
Asimismo, el Ministerio Público ofició a Labocar de Carabineros a realizar todas las pericias al arma y municiones incautadas, su registro y un informe planimétrico del sitio del suceso.
