La mañana de este viernes el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, tuvo palabras para la detención de los ocho detenidos por amenazas contra la fiscal Ximena Chong, anunciando una querella criminal contra los detenidos.

Recordemos que el pasado 6 de octubre, la fiscal en jefe de Alta Complejidad Centro Norte, dichos sujetos se dirigieron hasta el domicilio de la abogada en la comuna de Providencia, donde le entregaron una carta con amenazas de muerte, tras la audiencia donde se formalizó al carabinero Sebastián Zamora, quien empujó a un adolescente desde el puente Pío Nono al río Mapocho.

Según antecedentes del fiscal regional Centro Norte (S) Francisco Jacir, se determinó la detención de los imputados, identificados como Gabriel Jara Vivanco, Daniel Goldberger Garcés, Solange Aravena Méndez, Paula Narváez Orrego, Osvaldo Díaz Valdés, Benjamín Zaragoza Wotherspoon, Pablo Martínez Castro y Fernando Hasler Martínez, según informó La Tercera.

Tras ello, a los ocho individuos se les formalizó por los eventuales delitos de amenazas, tenencia de armamento prohibido de uso bélico y por el ilícito de tenencia de municiones.

Declaraciones de la autoridad

Ante esto, el subsecretario Galli condenó lo ocurrido, pero aseveró que las armas que encontraron en los domicilios de los involucrados eran principalmente de fogueo. “Sí lo que es preocupante es una subametralladora 9 milímetros, que es un armamento prohibido en nuestro país, por lo tanto van a tener que responder por ley de control de armas esas personas”, dijo según recogió el citado medio.

“Los utensilios que tenían no eran de gran importancia, salvo esta subametralladora UZI que es un arma prohibida. Lo relevante aquí es que la investigación se lleve adelante, lo importante es que se determine cuál era la responsabilidad de estas personas y además con qué habían amenazado y cuál eran las acciones que estaban en condiciones de tomar”, dijo.

Horas más tarde, tras recibir varias críticas por calificar de “utensilios” los elementos incautados en las diligencias de la PDI, Galli aclaró que las amenazas contra la persecutora son “graves, condenables y afectan seriamente el estado de derecho”.

“Quise distinguir entre el arma de fuego y aquellos otros elementos que se detectaron como era cascos que simulaban casos balísticos o armas a fogueo, que claramente son de menor gravedad que el arma de fuego detectada”, precisó al respecto.