Tras la polémica por el informe que recibió el Gobierno durante el 18 de octubre de 2019 y que apuntaba a la presencia de un grupo de extranjeros como instigadores del denominado estallido social, el Ejército volvió a referirse al tema este jueves.

A través de una declaración pública, la institución desmintió lo publicado y dijo que su aparato de inteligencia obtiene información preliminar, que luego es analizada e integrada por otros organismos técnicos.

Además, el Ejército señaló que la información divulgada puede ser objeto de delito.

“Lo publicado no es producto de una análisis de la Dirección de Inteligencia del Ejército, sino que corresponde a una interpretación que da a entender a la opinión pública, una situación que no es tal”, señala.

Cabe señalar que la misma institución durante la jornada del miércoles ya había salido a dar a conocer su posición con otra declaración pública, en la que señaló que su aparato de inteligencia actuaba acorde a la legislación vigente, pero no había desmentido la información publicada en medios de prensa.

Algo que, esta vez, salió a precisar.

“La Dirección de Inteligencia del Ejército, como integrante de Inteligencia del Estado, entrega, a requerimiento, la información de carácter residual que obtiene, para que esta sea debidamente analizada e integrada por los organismos técnicos competentes, según corresponda”, añade.

“Finalmente, y sin perjuicio de lo señalado, es necesario precisar que la difusión de antecedentes del sistema de información coordinado por la ANI, es constitutivo de delito de acción penal pública”, cierra el comunicado.