La entidad Human Rights Watch (HRW) realizó un llamado al Senado de Chile para que rechazara el proyecto de ley que criminalizaría el negacionismo en relación con los abusos cometidos en la dictadura militar de Augusto Pinochet.
La iniciativa legal -que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y Diputadas el pasado 22 de septiembre- busca castigar con hasta tres años de prisión a quien “justificare”, “aprobare” o “negare” violaciones a los derechos humanos cometidas durante el período de la dictadura.
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El proyecto ahora debe ser debatido en el Senado y es a esa cámara que Human Rights Watch llama a rechazar la iniciativa dado que puede prestarse para limitar la libertad de expresión y convertir en víctimas a los negacionistas.
“Las expresiones ofensivas, por hirientes que resulten, deben ser contrarrestadas con argumentos, no con sanciones penales”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “El proyecto de ley contra el negacionismo contraviene estándares internacionales de derechos humanos actualmente en vigencia y probablemente no contribuirá a que cesen las expresiones ofensivas en el país”, agregó.
Conforme al derecho internacional, la entidad señala que la libertad de expresión solo puede ser limitada en circunstancias muy específicas. Por lo mismo, citan el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), ambos ratificados por Chile, en los que se indican que las leyes solo pueden limitar el ejercicio de la libertad de expresión de forma proporcional y necesaria para asegurar el respeto de los derechos o la reputación de otras personas, o “la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas”.
Por lo mismo, dado lo anterior, las restricciones establecidas en el proyecto de ley que está siendo discutido en Chile no resultan ni necesarias ni proporcionales al logro de estos objetivos.
Cabe señalar que el proyecto de ley sería aplicado a expresiones sobre violaciones de derechos humanos documentadas en informes oficiales sobre las graves atrocidades cometidas durante la dictadura. La iniciativa indica que las sanciones solo se aplicarían a expresiones que “perturben el orden público” o “impidan, obstruyan o restrinjan de forma ilegítima” el ejercicio de derechos de terceros.
Frente a lo anterior, HRW dio cuenta que si bien Chile “tiene un interés legítimo en garantizar que la sociedad conozca de forma certera los aberrantes abusos cometidos durante la dictadura y en asegurar que se respete a las víctimas, la criminalización de expresiones ofensivas no es una forma aceptable de lograr esos objetivos“.
Por último, indican que el Marco Jurídico Interamericano sobre el Derecho a la Libertad de Expresión señala que “la libertad de expresión debe garantizarse no sólo en cuanto a la difusión de ideas e informaciones recibidas favorablemente o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también en cuanto a las que ofenden, chocan, inquietan, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población”.
En tanto, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, también indica que las “leyes que penalizan la expresión de opiniones sobre hechos históricos son incompatibles con las obligaciones que el Pacto impone a los Estados partes”.
“Sancionar las expresiones ofensivas no es una forma eficaz de contrarrestarlas, e incluso podría resultar contraproducente”, señaló Vivanco. “Estas sanciones pueden convertir a los sancionados en víctimas y conseguir que sus ideas generen aún más atención”.
