El presidente Sebastián Piñera se refirió al reciente rechazo de la solicitud de remoción al fiscal Marcelo Carrasco —emplazamiento enviado al fiscal nacional por los abogados del mismo Presidente; del ex ministro de Salud, Jaime Mañalich; y de los dos subsecretarios de dicha cartera—.
En esta se pedía que el cambio de dicho persecutor que los investiga por un presunto actuar negligente y grave en el actual contexto de pandemia y crisis sanitaria.
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Lo anterior, en el marco de una querella que fue presentada por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), por la muerte de 62 vecinos de dicha comuna en medio de la pandemia.
En medio de una visita a las obras de la extensión de la Línea 3 de Metro a Quilicura, el presidente señaló que “el Gobierno respeta la autonomía de otras instituciones, partiendo por los otros poderes del Estado, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, y también por supuesto la autonomía y la independencia de la Fiscalía”.
“Por tanto, nuestro gobierno siempre colabora con las investigaciones de la Fiscalía, y por supuesto que estamos dispuestos a colaborar, y como lo mencionó el ministro de Salud, siempre protegiendo también la privacidad y la información sensible de todos nuestros compatriotas”, sostuvo.
Sus dichos se generan luego de que este martes la PDI, junto con la Fiscalía, realizaran indagatorias en el Ministerio de Salud, donde llegaron para incautar información que pudiera ser de utilidad para dicha causa.
Quien también se refirió a este tema fue el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, en un punto de prensa en La Moneda.
“El Gobierno en esta materia ha sido muy claro y ha sido muy transparente. De hecho ustedes conoces permanentemente los datos que existen en materia de COVID. Fue el propio ministro Mañalich quien encargó una auditoría pública —que hoy ya es conocida— a la Contraloría de la República sobre las cifras”, indicó.
Agregó que “lo que ha hecho la defensa es ocupar su facultad legal de, por ejemplo, decir que el Fiscal pudiese ser cambiado dado que había dudas sobre su objetividad o sobre el requerimiento de información que se había hecho, en que no se accedía porque podía comprometer información privada que el Minsal tiene obligación de proteger, especialmente a la que tiene que ver con información sensible dada la Ley de Derechos y Deberes de los pacientes”.
