Durante este lunes el gremio de camioneros dio a conocer que no aceptará la propuesta realizada por el Gobierno, argumentado —por ejemplo— que “no era lo que pedíamos, no era nada, eran más palabras, palabras, palabras, como siempre, y nada”, según dijo Silvia Salazar, de FedeNorte, o “migajas”, en palabras de José Villagrán de Fedesur.

Dicha propuesta mantenía como ejes centrales la inversión policial en la Macrozona Sur; más cámaras térmicas para las rutas; dos zonas de descanso nuevas; y un “fondo de reparación para víctimas de la violencia a conductores”.

En detalle, la propuesta —que según el ministro Víctor Pérez fue escrita en conjunto con el gremio— contempla una inversión de $5.600.000.000 en infraestructura policial; y aumento de los medios aéreos para la zona.

Asimismo, desde el Gobierno ofrecieron poner suma urgencia 12 proyectos de Ley, entre ellos el proyecto de Ley “Juan Barrios”; Ley de Inteligencia; Ley Anti encapuchados; y Ley Robo de Madera.

Sobre el fondo de reparación antes mencionado, el texto menciona que “el Gobierno se compromete a presentar, dentro del 2020, un proyecto de ley que establezca un fondo de reparación para las víctimas de la violencia a conductores y/o dueños de camiones del país en la llamada Macrozona Sur del país”.

Seguridad en la ruta y zonas de descanso

En cuanto a medidas de protección, desde el Ejecutivo proponen “incorporar 36 nuevas cámaras de vigilancia entre los km 560 y km 682 de la Ruta 5 Sur, además de la instalación de otras 24 cámaras térmicas, las que se sumarán a las 45 cámaras de vigilancia actualmente instaladas”.

“A lo anterior se sumaría la implementación de 53 lectores de patente en los peajes troncales de la ruta y la iluminación de 31 nuevas zonas con un total de 503 nuevas luminarias”, menciona el documento.

En esa línea, el Gobierno también propuso establecer dos nuevas áreas de descanso en la Ruta 5 Sur, que forman parte de los tramos “Chillán-Collipulli” y “Collipulli-Temuco”.

“Para ambos casos se considera la habilitación de estacionamiento para al menos 30 camiones y la implementación de cámaras de vigilancia, lectores de placa Parente de entrada y salida, torre de vigilancia, iluminación, edificio de baños, duchas, oficina y comedor”, aducen.

También sugieren “fortalecer los subsidios directos que entrega actualmente SERCOTEC, por medio del ‘Programa de Apoyo a Víctimas de la Violencia Rural’, asumiendo el compromiso de establecer una línea de financiamiento especial destinada solo a los camioneros afectados por atentados en el territorio nacional y cuyo objetivo sea el cubrir los costos de los vehículos motorizados destruidos por actos terroristas”.

Finalmente, señalan que “el Gobierno se compromete a ir en ayuda de los conductores que fallezcan o resulten con invalidez total, producto de atentados terroristas, mediante la concesión de pensiones de gracia vitalicias para los afectados y becas de estudio a sus hijos”.

Revisa la propuesta completa aquí: