Una ley exprés o una ley corta. Eso es lo que propone el Servicio Electoral para regular el punto que ha sido materia de debate por estos días: ¿qué ocurrirá con las personas que tengan coronavirus el 25 de octubre y que quieran votar?
Recientemente el presidente del Consejo Directivo del Servel, Patricio Santamaría, señaló que plantearán al Ejecutivo la idea de llevar el voto a los domicilios de las personas que por disposición de la autoridad sanitaria estén en cuarentena.
También puedes leer
Sería vía legislativa, ya que el debate se entrampa siempre en que mover algún punto chocaría con la Constitución. En ese sentido, se plantearía que la persona con COVID-19 positivo –cuya identidad por ley es confidencial actualmente– renuncie a ella de manera voluntaria y por escrito, en un plazo determinado.
Así, se tendría que llevar la cédula electoral, la que sería trasladada en un sobre al local de votación.
Santamaría garantizó que las personas con coronavirus no votarán presencialmente en los lugares dispuestos. “Lo primero es que se inscriban, porque hasta el momento no sabemos quiénes son”, dijo.
La postura del Gobierno
Prácticamente de manera paralela a las declaraciones de Patricio Santamaría y sin conocer la propuesta, el ministro de la Segpres, Cristián Monckeberg, señaló a la prensa que el Gobierno no estará disponible para innovar a “éstas alturas”.
La postura del Gobierno no cayó bien al senador oficialista, Francisco Chahuán (RN), uno de los autores -junto a Andrea Parra (PPD)- del proyecto ingresado la semana pasada que busca garantizar el voto a distancia, mediante correo postal.
Justamente la bancada de ese partido de oposición solicitó al Ejecutivo que patrocinaran la iniciativa, de modo de imprimirle suma urgencia a su tramitación.
Sin embargo, tal como se señaló, la administración de Sebastián Piñera le bajó el pulgar a esa opción. “Esperamos que el Gobierno pueda revisar su posición”, aseveró Chahuán.
Los partidos
En los partidos políticos aún no hay una postura única. El diputado y presidente de la FRVS Jaime Mulet –quien además era uno de los parlamentarios que se había abierto a cambiar la fecha del plebiscito– indicó que es necesario encontrar otras opciones y aludió a que el Gobierno no quiere que la gente vote.
Por otro lado, el diputado Convergencia Social, Gonzalo Winter, indicó que el Ejecutivo debe ocupar sus facultades. Enfatizó en que es inconstitucional quitarle el derecho a sufragar a las personas.
En el oficialismo hay posturas cruzadas. Por ejemplo, un sector busca que se adopten mecanismos alternativos y otro, cree que los PCR positivo no deberían votar.
La subjefa de bancada de RN, Karin Luck, señaló que no es el minuto para innovar. Respaldó al Ejecutivo, indicando que tiene dudas respecto del planteamiento del Servel.
El Servel tiene plazo hasta el 10 de septiembre para informar de las medidas que se adoptarán para la realización del plebiscito del 25 de octubre. Eso, según la reforma Plebiscito Seguro, que ya fue promulgada.
