El Gobierno pondrá discusión inmediata al proyecto que impide rebajar condenas por delitos sexuales ingresado en noviembre del año pasado por el mismo Ejecutivo. La Moneda, además, revisará una moción parlamentaria de diputados de Renovación Nacional sobre libertades condicionales, en el marco del asesinato de Ámbar Cornejo.

Según la iniciativa, no podrían acceder a rebajas de condenas quienes hayan cometido los siguientes delitos del Código Penal: Trato cruel, inhumano o degradante con violación o abuso sexual agravado; Violación de persona mayor de 14 años; Violación de persona menor de 14 años; Estupro; Abuso sexual agravado; Abuso sexual de persona menor de 14 años; Trata calificada de personas, en relación a la explotación sexual.

Pero además el Ejecutivo está revisando otras iniciativas, como una ingresada por diputados de Renovación Nacional sobre libertades condicionales, según anunció la subsecretaria de la Niñez, Carol Bown.

“Tenemos que impulsar que no se puedan bajar las condenas por abuso abusos sexuales, por eso vamos a poner discusión inmediata al proyecto de Ley que prohíbe la rebaja de condenas y además revisaremos las mociones parlamentarias, además de una específicamente presentada por los diputados José Miguel Castro y Sofía Cid respecto a las libertades condicionales. Llegó el momento de poner fin a la rebaja de condena para agresiones sexuales”, sostuvo.

La diputada Camila Flores (RN), una de las impulsoras de la iniciativa, pidió al Gobierno junto a otros diputados de la colectividad que se ponga urgencia a esta iniciativa que modifica las libertades condicionales y que eleva las restricciones a femicidas.

La iniciativa niega la libertad condicional a los condenados por los delitos de violación, violación con homicidio, parricidio y femicidio. La diputada Flores dijo que es necesario plasmar detalladamente esto en una ley para que no deje espacio a la interpretación de jueces.

“Creemos que hoy más que nunca necesitamos como país que estas personas estén de manera permanente y a perpetuidad en las cárceles. Son un peligro para la sociedad como así también son los jueces un peligro para la sociedad que han otorgado este tipo de beneficios aún cuando el informe de Gendarmería ha sido desfavorable. Por lo tanto, necesitamos que los jueces no tengan espacio a interpretación”, indicó.

En tanto la comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, encabezada por el diputado Matías Walker (DC), analiza citar, además, al ministro de Justicia, Hernán Larraín, luego que se conociera que el Gobierno se ha demorado 9 meses en reingresar a la Contraloría el Reglamento de la Ley de Libertad Condicional.

Por su parte, el diputado Leonardo Soto (PS) emplazó al ministro Larraín a entregar una fecha exacta para presentar dicha ordenanza.

“Finalmente se aprobó que el reglamento para la ejecución de todas esas normas se dictara en cuatro meses. Ha pasado un año y medio presidente y obviamente el plazo de cuatro meses está vencido y aún no se dicta el reglamento. Esa sola circunstancia justifica lo que usted ha anunciado, que citemos al ministro de Justicia precisamente a revisar las razones por qué se han dejado de ejecutar todas esas reformas el año 2019, a pesar de los plazos perentorios que tenía”, aseguró.