La familia de un joven de 20 años, uno de los heridos a bala en un procedimiento de patrullaje militar en Villa O’Higgins, interpuso una querella por homicidio frustrado, en contra de todos quienes resulten responsables, pero apuntando a los efectivos que esa noche desenfundaron sus armas de servicio.

El hecho causó revuelo. La fiscalía local de Cochrane inició una investigación, encargada a Carabineros, la que preliminarmente estableció que el actuar de los militares se ajustaba a derecho.

Versiones contrapuestas

La versión oficial del Ejército decía que los uniformados “controlaron a dos personas que se encontraban ingiriendo alcohol en la vía pública, quienes se negaron a ser controlados”.

Posteriormente, “agredieron físicamente al personal militar, agresión a la que se sumaron otros siete individuos que llegaron al lugar, los que además intentaron arrebatar el armamento que portaban los efectivos”.

“Producto de la agresión y superioridad numérica, se hizo uso progresivo de la fuerza con empleo de armamento antidisturbios, acción que no impidió el cese de la agresión, por lo que se empleó armamento de puño”.

¿Propiedad privada o vía pública?

Sin embargo, en la querella interpuesta por la familia, a la que tuvo acceso BioBioChile, aseguran que el joven que resultó baleado se encontraba junto a su tío y otras personas -no superior a una docena- al interior de un domicilio, “momento en que pasó por el lugar una patrulla militar”.

“En ese contexto los militares increperon a algunos de los civiles, que estaban dentro de propiedad privada, los que respondieron de viva voz, generándose un entrevero e ingresando los uniformados a la parte externa o abierta del inmueble, ello sin orden de autoridad competente ni justo motivo, lo que ofuscó a los civiles”, relata la querella.

Ahí, explica la familia los civiles habrían expulsado a los militares hacia la vía pública. En ese instante, uno de los uniformados habría disparado su escopeta en dirección a los pies de los civiles, sin herirlos, “lo que alteró aún más a los ciudadanos, y eso habría motivado golpes entre algunos de los involucrados”, reconocen.

Los disparos

De ahí en adelante, se habría suscitado los impactos de armas de fuego. El tio, de unos 40 años, recibió un disparo de escopeta con perdigones el brazo derecho.

Posteriormente, tras un disparo al aire, un oficial habría apuntado contra el joven, hiriéndolo en la zona abdominal “dejándole grave y en riesgo vital, siendo socorrido este herido por un carabinero, llevado a primeros auxilios y trasladado a las horas, por vía aérea, al Hospital Regional de Coyhaique, donde permanece internado al día de hoy donde ha sido intervenido quirúrgicamente en varias ocasiones con diagnóstico hasta la fecha”, dice el texto.

La familia apela a un incumplimiento del RUF (Reglas del Uso de la Fuerza), que publicado el 21 de enero de 2020, estableció mecanismos para la disuasión en estado de excepción.

“Sin acatarse por los uniformados cada una de las reglas previas, el Jefe de Patrulla, incluso si se vio sobrepasado en una comuna que tiene menos de 1.000 habitantes, con una extensión urbana de escasas cuadras y la posibilidad de casi inmediato auxilio o presencia policial, optó por usar arma de fuego a pesar que no se les atacó con tales, ni estaba en riesgo recinto militar o infraestructura crítica”, cuestionan.

Acusan violación de DDHH

Aseguran que “claramente, el proceder se enmarcaría dentro del tipo penal de homicidio simple, ellos en clara violación o vulneración a las normas y obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos a las que el Estado de Chile está obligado”.

Finalmente, piden que “todo quien tenga responsabilidad sea condenados a la pena máxima señalada por la ley, con costas”.