Una nueva crisis se ha instalada en el Ministerio de Salud, en el marco de la pandemia del COVID-19. Se trata de la probidad o corrupción, gatilladas por la contratación de los denominados “hoteles sanitarios” para personas contagiadas.
En este contexto, la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, reconstruyó mediante una serie de documentos, los denominados “desórdenes” y “falta de transparencia” en la contratación de esos recintos.
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Todo comenzó el pasado 22 de abril, cuando la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, y el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, firmaron la Resolución Exenta Nº 311.
En esa ocasión, aprobaron la creación del Comité Integrado de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios, ente al que le fue otorgada la misión de “efectuar evaluación favorable para que la División de Finanzas y Administración Interna de la Subsecretaría de Salud Pública pueda ejecutar de manera informada y fundada, todos los procesos de compra en la alerta sanitaria”.
En el documento se dejó explícito, en el punto 2º, que es el comité que dirige el jefe de la División de Finanzas y Administración Interna de la subsecretaría de Salud Pública, Patricio Herrera Carazo, el que debe “efectuar la evaluación de los requerimientos de compras de las distintas dependencias ministeriales, para asegurar la integridad total del proceso que permitan generar procedimientos de compras transparentes en un contexto de máxima probidad, como, asimismo, procesos de pagos seguros y sustentables”.
Asimismo, en su primera sesión, realizada al día siguiente, el comité delegó funciones dejando establecido que Herrera y un equipo transversal del Minsal, estarían a cargo de velar por los actos administrativo relacionados a los hoteles sanitarios. Si bien se emanaba una resolución exenta desde la subsecretaría de Redes Asistenciales que daba la autorización sería Salud Pública la encargada de tomar los compromisos económicos con los dueños de los hoteles.
Y el mejor ejemplo de ese hecho, es que el mismo día de la reunión fue el equipo de Redes Asistenciales que dirige Arturo Zúñiga, que cuestionó la forma en que sus pares estaban desarrollando los contratos con las empresas hoteleras.
Quien afirmó ese punto en la sesión fue el entonces jefe de la División de Atención Primaria del la subsecretaría de Redes Asistenciales, Orlando Durán. Según los antecedentes revisados, ese argumento fue una constante en las semanas posteriores en que vía correo electrónico desde Redes se le hizo ver a Salud Pública los “problemas” que estaban evidenciando en los contratos que firmaban con hoteles o residenciales.
Incluso una fuente interna del Ministerio explicó que se cuestionaban en silencio contratos como el que se firmó con el hotel Alma Cruz de Santiago, en que el valor -cercano a los $90.000- consideraban demasiado alto y que operó hasta fines de mayo. Esta residencia, sin embargo, recién el 4 de junio comenzó a ser administrada por el Servicio de Salud Metropolitano Central, reduciéndose el valor a poco más de 40 mil.
Otro ejemplo que entregó un funcionario de Salud son los “peros” con que se encontraron, por ejemplo, en el hotel Sheraton. La empresa, supuestamente, habría llegado a un acuerdo con Salud Pública de que no limpiarán con sus funcionarios las habitaciones de los pacientes con COVID-19, lo que molestó a los representantes de Redes Asistenciales.
Diversas fuentes explicaron que eso, sumado a lo que está ocurriendo con las residencias sanitarias en Antofagasta u otras regiones donde se ha denunciado desorden y falta de control, demuestran que los errores o problemas han pasado por las resoluciones que han tomado sus pares de Salud Pública puesto que ellos son los que definen los lugares para que Redes Asistenciales asignen los cupos para los enfermos en coordinación con la autoridad sanitaria local.
Es más, otras fuentes que conocen de los correos que se han venido intercambiando desde el inicio del Comité de Aprovisionamiento explicaron que existen días en que aparecen hoteles disponibles para infectados con coronavirus sin que en el sistema de Redes Asistenciales estén contabilizados. Esto ocurriría puesto que los acuerdos no son inmediatamente notificados a esa unidad.
Desorden que hasta ahora solamente ha recaído en la subsecretaría de Redes Asistenciales, con dos despidos y una renuncia, y que ha obviado la responsabilidad administrativa que tendría Salud Pública.
Interrogantes sobre ventiladores
De acuerdo a los documentos presentados, el 23 de abril, (casi dos meses desde que se confirmó el primer caso de COVID-19 en Chile, y a casi 3 meses desde el anuncio de Sebastián Piñera sobre la compra de ventiladores), los encargados de adquisición todavía no tenía claro cómo se debían facturar esas compras.
En este contexto, el grupo que lidera Patricio Herrera, afirmó en esa fecha que se debe “entender el proceso de compra de ventiladores y cómo se está haciendo la coordinación entre las Divisiones de Inversión y Presupuesto. Debe existir un gestor único”, alertaban los involucrados.
Cabe señalar que en aquel periodo, nuestro país registraba 11.812 personas diagnosticadas con coronavirus, con una tasa de positividad, según el Minsal, del 7% y 8%. Además, se informó de 316 personas conectadas a ventilador mecánico.
