La Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Oriente se encuentra investigando a tres ex ejecutivos de la Clínica La Parva, propiedad de Pedro Vidal, por su presunta responsabilidad en el desvío de $300 millones desde la contabilidad de la clínica, que habrían permitido la instalación de un centro de cirugía plástica.
Ello, tras la querella presentada por Vidal –a través del abogado Vinko Fodich- en contra del gerente general, Christián Oyaneder; la directora médica del establecimiento, Marcela Araya; y el subgerente de contabilidad, Luis Becerra; a quienes acusa de falsificar informes financieros y económicos, ocultando el estado real de la empresa, además de apropiarse de información confidencial del centro estético.
De acuerdo a la acción penal, fue a inicios de 2019 cuando el doctor Vidal comenzó a sospechar sobre la administración de su clínica, por lo que encargó la realización de un análisis contable a profesionales externos del centro de salud, que concluyó que los resultados estaban siendo manipulados.
Dichos informes arrojaron que en el caso de Oyaneder, éste se habría aumentado el sueldo arbitrariamente en casi 10 millones de pesos, lo que logró realizando dos transferencias bancarias mensuales de manera simultánea con el fin de no ser descubierto.
Asimismo, habría falseado los resultados respecto a compras y ventas de la clínica para disimular la adquisición de insumos que luego serían utilizados para implementar el centro de estética Merced, creado por los imputados y que comenzó a funcionar semanas después de su salida de la clínica, tras ser descubiertos, en septiembre de 2019.
Por último –de acuerdo a la querella- se logró establecer que los tres imputados se apropiaron de las bases de datos de la Clínica, que contenía toda la información personal y reservada de los pacientes, además de los aranceles, el modelo de negocio y la estrategia comercial de la empresa.
Con todos estos antecedentes, el Ministerio Público encargó en marzo las primeras diligencias a la Policía de Investigaciones, entre ellas, la incautación de computadores y equipos desde la Clínica Merced, ubicada en la comuna de Providencia, además de discos duro, archivadores con documentación del centro e información de correos electrónicos.
Asimismo, la fiscalía solicitó nuevas pericias para que se realicen una vez finalizado el periodo más álgido de la pandemia.
Al respecto, el abogado querellante Vinko Fodich enfatizó que “dentro de las conductas ilícitas de los querellados, lo más sensible para mi representado (Pedro Vidal) es la apropiación indebida de los datos personales y privados de sus pacientes”.
“Esto ataca al corazón de la empresa y es, finalmente, el elemento más valioso, pues es el resultado de 30 años de trabajo y de un reconocido y prestigioso historial clínico”, subrayó el abogado, pues “esta base de datos constituye el principal activo de la clínica y su valor es incalculable”.
