Este lunes, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, presentó su informe anual sobre la “situación de derechos humanos en Chile en el contexto de la crisis social”. Según detallaron, la información corresponde fundamentalmente a datos observados de manera directa por funcionarios del INDH entre el 17 de octubre y el 30 de noviembre.

“Nuestra metodología de trabajo ha consistido en consignar lo que hemos visto directamente, lo que hemos visto y oído, es por eso que nuestras cifras son incluso inferiores muchas veces a las oficiales”, detalló Sergio Micco, director del INDH.

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Asimismo, enfatizó en que “se han registrado múltiples y las más graves violaciones a los derechos humanos desde la vuelta a la democracia en Chile (…) será tarea de los tribunales determinar la verdad judicial, pero la responsabilidad del INDH es denunciar cada vez que se produzca una violación o una vulneración a los derechos humanos”.

En este contexto, detalló que hubo un total de 347 personas con heridas oculares por el uso de escopetas antidisturbios de Carabineros. El INDH había presentado 29 querellas por ese tipo de lesiones.

Además, se destacan negativamente las 476 querellas por violencia sexual en el informe por torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes. En total fueron 586 víctimas, quienes sindican a agentes del Estado como sus victimarios.

“Se contabiliza la presentación de 5 querellas individuales por homicidio consumado y 12 querellas en favor de 20 víctimas por homicidio frustrado”, detallan.

“Se han violado gravemente los derechos a la vida y la integridad física y psíquica, entre otros derechos“, añaden desde el organismo.

Con respecto a la reparación, el INDH señaló que en los próximos años, el Estado deberá poner énfasis en devolver a las víctimas, “cuando sea posible, a su situación anterior a la violación de sus derechos fundamentales, indemnizándola, rehabilitándola médica y psicológicamente, apoyándola jurídica y socialmente“.

“En aquellos casos de mutilaciones o de inhabilidad laboral, el Estado debiera garantizar pensiones adecuadas y de por vida para las víctimas, así como facilidades para su integración social y económica”, sugirieron desde el organismo.