Toda una polémica ha generado el traslado de los restos de Bastián López Reyes, joven de 19 años asesinado en Conchalí, desde Santiago hasta la cárcel de Chillán.
Todo esto, para que su madre y su padrastro imputados, por tráfico de drogas y en prisión preventiva, pudieran despedirse del difunto.
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De acuerdo a documentos citados por Radio Bío Bío, revelan que la autorización fue otorgada directamente por la jueza del Juzgado de Garantía de Chillán, Claudia Madsen, pese a que ella señaló esta jueves que había sido a raíz de un “consejo técnico de Gendarmería que dio respuesta favorable”.
“Se autoriza a los imputados (…) para salir al frontis de la Unidad Penal de esta ciudad, el día 14 de mayo de 2019, a las 12:00 horas, debiendo adoptarse las medidas de resguardo y seguridad en su custodia”, señala el escrito resuelto por la jueza Madsen.
La solicitud fue generada directamente por los imputados Johana Reyes y Alex Villagrán hacia las jefaturas del penal, quienes procedieron a despacharla al tribunal.
“Gendarmería se limitó a enviar por interconexión los escritos, sin ningún oficio represor, directamente desde el tribunal. No se hizo ningún consejo técnico”, afirmó el alcaide del Complejo Penitenciario de Chillán, Rafael Cárdenas, a través de un video al que tuvo acceso La Radio.
Desde el penal “jamás tuvieron una conversación con la magistrada, no hubo un documento asesorando a la magistrada y tampoco hubo un consejo técnico, solamente se envió un escrito por interconexión al tribunal”, ratificó el director regional de Gendarmería, Gonzalo Hermosilla.
En paralelo, la misma petición de los imputados fue realizada por el abogado defensor de ambos, siendo igualmente autorizada por el juez del Juzgado de Garantía, Carlos Benavente.
Lo que sí resolvieron los gendarmes, fue permitir el ingreso del féretro a la cárcel y no realizar la despedida en el frontis del penal, atendidas razones de seguridad del entorno y por dignidad para los imputados.
En base a toda esta situación, y tal como adelantó la vocera Cecilia Pérez, es que Gendarmería interpondrá un recurso de queja, buscando dejar en evidencia lo ocurrido.
Además, desde la repartición y el Gobierno reconocen que no es primera vez que se producen ese tipo de resoluciones judiciales.
