Durante la mañana del sábado la presidenta Michelle Bachelet llegó hasta el salón Montt Varas acompañada por los ministros de Justicia, Sernam y Salud, para firmar el proyecto de ley que busca despenalizar el aborto bajo tres diferentes causales.

Desde 1989 hasta hoy en día ahora el aborto ha sido castigado por la justicia en nuestro país, dejando de lado toda posibilidad de elección para las madres que sufren de problemas severos durante el embarazo o que han sido víctimas de un ataque sexual que derivó en la gestación de un feto. Para revertir esta situación, el Gobierno presentó un proyecto de leyque busca despenalizar el aborto en tres casos específicos.

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El primero de ellos es cuando a mujer se encuentre en riesgo vital presente o futuro, de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para su vida. Hasta ahora la legislación deja en peligro a las madres y pone en jaque a los equipos médicos que actualmente no pueden actuar para salvar a las progenitoras debido al impedimento legal de realizar el aborto.

El segundo caso es la inviabilidad, cuando el embrión o feto padezca una alteración estructural congénita o genética incompatible con la vida extrauterina. “Forzar a una mujer a llevar a termino tal embarazo, o bien obligarla a que espere la muerte del feto, significa prolongar su sufrimiento”, indicó la presidenta Bachelet.

David Cortés Serey | Agencia UNO
David Cortés Serey | Agencia UNO

El tercero es la interrupción del embarazo cuando este es resultado de una violación, siempre que no hayan transcurrido más de doce semanas de gestación. Tratándose de una menor de 14 años, la interrupción del embarazo podrá realizarse siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho semanas de gestación.

Los derechos de las mujeres están en el centro de esta propuesta, por ello cada una de las causales de interrupción legal del embarazo que el proyecto aborda, exigen la expresión de la voluntad libre de la mujer, sin la cual no puede tener lugar. Reconoce, además, que el Estado en estos casos extremos no puede imponer una decisión a las mujeres ni penalizarlas, sino entregar alternativas, respetando su voluntad, ya sea que deseen continuar con el embarazo u optar por interrumpirlo.

Finalmente y según dio a conocer la presidenta Bachelet, el proyecto propone una modificación legal que privilegia el deber de confidencialidad por sobre el deber de denuncia ante la interrupción del embarazo.

“Se trata de prevenir que la mujer se inhiba de entregar información fidedigna acerca de su condición de salud al personal médico, o solicitar asistencia por miedo a una posible sanción penal”, señaló la mandataria.