La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) informó este jueves que resolvió aplicar sanciones de multa que en su conjunto ascienden a UF 165.0000 (aprox. US$6,9 millones) en el marco de la investigación administrativa del denominado Caso Cascada.

Ello, precisaron, tras constatar una serie de infracciones a la Ley de Mercado de Valores que ocurrieron en 2011.

Asimismo, y si bien se pudieron configurar las infracciones a la Ley de Mercado de Valores, mediante la Resolución N°269 se resolvió cerrar sin sanción los procedimientos administrativos sancionadores en contra de Citigroup Global Markets Inc y su ejecutivo Fabio Gheilerman, ello, conforme al artículo 33 del DL 3.538, que impide a la SVS multar más allá de cuatro años desde que se produce la infracción imputada.

Tras formular cargos el 30 de enero de 2014, la Superintendencia resolvió aplicar sanción de multa a Banchile Corredores de Bolsa S.A., y a su ex gerente de inversiones, Cristián Araya Fernández; a Linzor Asset Managment –hoy CHL Asset Managment Chile-, y a su representante legal, Canio Corbo Atria por operaciones realizadas en acciones SQM-A en marzo de 2011.

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Luego de informar oportuna y debidamente las formulaciones de cargos, el procedimiento administrativo que llevó adelante la SVS contempló la recepción de los descargos de las partes involucradas y, posteriormente, un periodo probatorio en el que se recibieron los antecedentes y testimonios que aportaron los involucrados, garantizando así su debida defensa, informó agencia UPI.

SANCIONES INDIVIDUALES

Banchile Corredores de Bolsa S.A. (en su calidad de intermediario de valores) con una multa a beneficio fiscal de UF 50.000.

Cristián Araya Fernández (en su calidad de ex gerente de inversiones de Banchile Corredores de Bolsa) con una multa a beneficio fiscal de UF 75.000.

Linzor Asset Managment, hoy CHL Asset Management Chile (en su calidad de inversionista), con una multa a beneficio fiscal de UF 20.000.

Canio Corbo Atria (en su calidad de representante legal de Linzor Asset Managment) una multa a beneficio fiscal de UF 20.000.

Los sancionados podrán presentar ante la Superintendencia un recurso de reposición administrativa dentro de un plazo de cinco días hábiles desde su notificación. De igual forma, podrán presentar un recurso de reclamación de multa o de su monto ante el juzgado civil correspondiente, dentro de los diez días hábiles desde la fecha de su notificación.